Mar de dudas

Entre las cabriolas más absurdas de la izquierda nueva figura la condena del sistema de partidos y libertades políticas avaladas por una Constitución votada por una mayoría de la ciudadanía en 1978. Pero entre las mayores insensateces de la izquierda (y la derecha) de los últimos años está la reticencia, el blindaje, el regateo o hasta el sarcasmo contra quienes reclamaron (reclamamos) alguna forma de intervención en el texto constitucional para ajustar parte de nuestro ordenamiento a los cambios que el país ha vivido —salvajes, sensacionales— en los últimos 40 años.

Nada de lifting o reciclaje oportunista, sino la toma en consideración de las reclamaciones de amplios sectores de la población, muchos nacidos a la edad adulta en democracia, en favor de otras soluciones en varios ámbitos: desde el territorial hasta la judicatura pasando por el control de los partidos sobre las instituciones, el reparto de escaños de acuerdo con un criterio obsoleto y hace años injusto o incluso la función real de algunas de las instituciones que, como el Tribunal de Cuentas, parecen salvar con el tiempo y la prescripción los delitos contables de los partidos.

De un modo u otro, un año u otro, ese día llegará. Incluso los mensajes indirectos sobre la disponibilidad a revisar esto y aquello menudearon un tiempo. En la cuestión territorial ya menos, incomprensiblemente, como si el desnortamiento de la ruta soberanista hubiese aparcado a la vez el impulso reformista, cuando en realidad las condiciones no parecen hoy peores que hace dos años. Ante la evidencia de una movilización independentista con mayoría absoluta en los medios públicos catalanes, pero mayoría muy relativa en la sociedad, hay lugar civil para la discusión política: la alternativa sensata y rupturista a la vez debería venir desde la izquierda que no se ha hecho independentista y tampoco está dispuesta a digerir que todo siga igual.

El proceso a día de hoy no está exultante, pero su efectividad ha sido innegable: ha cambiado el eje del debate, que ya no gira en torno a hacer algo o no hacer nada, sino en torno a hasta dónde hacer, cómo y para qué. O ese debería ser el debate. La redefinición del Estado forma parte de las posiciones ineludibles en un partido político y ni siquiera el PP, al menos el catalán, niega el problema o la necesidad de abordarlo. Sin embargo, la izquierda más izquierda, nueva o renovada, parece seguir sumida en un mar de dudas que no es nada estimulante; sigue vacilante y un tanto dispersa, o aun atrapada en la lógica envenenada que la llevó, sobre todo a IC-V, a una movilización que ni era suya ni era mayoritaria entre sus votantes, hace más de dos años.

Pero en el refrescante Podem el discurso tampoco es nada claro ni parece definida la posición por tacticismo o miedo al riesgo, que fue exactamente lo mismo que perdió a IC-V: aceptar dos cosas que no pueden ir juntas (un proyecto de independencia o un proyecto federal no son compatibles porque se autoexcluyen). No sé si se trata de escarmentar en cabeza ajena, pero a IC-V no le salen las cuentas tras apostar por la bicapitalidad política, con Joan Herrera en el lado federalista y Dolors Camats en el lado indepe.

La emergencia de Podem ha desarbolado las previsiones y la renuncia de Raül Romeva hace pensar que Iniciativa ha redefinido su posición hacia la opción federal o semejante. Pero sin claridad y con titubeos, sin convicción y con cautela, quizá para no soliviantar al sector más soberanista de ICV.

Pero si el tacticismo no fue buena idea entonces, no parece que lo vaya a ser ahora tampoco. La clarificación del campo de juego en los últimos meses permite ofertar, y no a la defensiva, una solución política a un problema político (lo que ha sido siempre), aun cuando los efectos colaterales acaben siendo graves. Es natural que un perfil independentista se sienta incómodo en un proyecto federalizante y actúe en consecuencia, como razonablemente ha hecho Romeva al sentir que IC-V cambiaba de carril o cambiaba el paso o deshacía la equivocidad. Al PSC no le pregunto porque está muy clara su posición, por fortuna.

Pero, a todo esto, ¿y Podem? Algunas declaraciones de algún líder han sido netamente partidarias del ya muy castigado derecho a decidir; algunas otras han sido partidarias de una posición más cercana al federalismo. Yo tendría alguna curiosidad por escuchar un discurso articulado a día de hoy (no de hace dos años) de su propuesta para los catalanes sobre un asunto que nos ha tenido a todos ocupadísimos y que seguirá siendo eje forzoso de los debates políticos e intelectuales. Del entorno de Podem somos muchos los que esperamos escuchar una clara posición política e incluso ideológica sobre el asunto. Me gustaría saber si las tensiones autonomistas creadas al amparo de la Constitución de 1978 merecen ser dinamitadas por la vía de la independencia o reformadas en dirección federal.

Jordi Gracia es profesor y ensayista.