Seis años para dos etarras que dieron información para matar a Pagaza

La Audiencia Nacional ha condenado a seis años de cárcel a los etarras Iñaki Igerategi y Juan Ignacio Otaño por estar integrados en el comando ZIP, dedicado al cobro del impuesto revolucionario y a dar información sobre objetivos, como fue el caso de Joseba Pagazartundua, asesinado en 2003.

En el juicio celebrado la semana pasada, los dos etarras aceptaron esta condena tras reconocer los hechos, lo que llevó aparejado que la Fiscalía y la Asociación Víctimas del Terrorismo rebajaran su petición inicial de nueve de años de cárcel por el delito de integración en organización terrorista, dando lugar a un acuerdo de conformidad.

Así, en su sentencia, la sección tercera de la Sala de lo Penal -Carmen Lamela (ponente), Antonio Díaz Delgado y Clara Bayarri- considera probado que los dos acusados, además de enviar numerosas cartas de extorsión en nombre de ETA, dieron información a la banda de objetivos "sobre cuya vida e integridad atentar, como es el caso concreto de Joseba Pagazaurtundua", sargento jefe de la policía municipal de Andoain (Guipuzcoa) asesinado por ETA el 8 de febrero de 2003.

También aportaron datos para atentar contra el cuartel de la Guardia Civil de Tolosa (Guipúzcoa) y contra tres ertzainas que estudiaron con Igerategi en la misma ikastola, "y que recibieron ataques no letales en su propiedad, tranquilidad y hacienda personal", así como sobre la empresa Construcciones Intxausti, en la que en 2005 ETA colocó un artefacto explosivo.

Según la sentencia, los dos acusados fueron identificados al aparecer en una documentación que fue hallada durante el registro del piso que tenían en Francia el dirigente etarra ya fallecido Francisco Javier López Peña, alias Thierry, y Ainhoa Ozaeta Mendicute, alias Kuraia, el 20 de mayo de 2008.

En las dos agendas intervenidas, que contenían la planificación de su actividad operativa, aparecen anotaciones de las citas orgánicas mantenidas y planificadas con el comando "Zip", "Zipi", "Z", "Zp", que se correspondería con Igerategi y Otaño.

Ambos, según la sentencia, desarrollaban su actividad a favor de ETA, principalmente en dos de sus subestructuras: la financiera y la informativa, entre los años 2001 a 2009.

Respecto a la financiera, se les vincula con la organización y planificación del llamado impuesto revolucionario. Su función era la de recoger sobres, con sello de correos, dirección y remitente, y mandarlos a diferentes direcciones en el País Vasco.

En este contexto, ETA ordenó al comando Zipi que las repartiera y buzoneara al sur de San Sebastián, ya que en Irún y Hondarribia había otra gente haciéndolo, razón por la que las aproximadamente 552 misivas de extorsión atribuidas a este comando, las echaron en Andoain, Tolosa, Villabona, San Sebastián (barrio de Gros) y Pamplona.

Las fuerzas de seguridad corroboraron esta información cuando observaron a Otaño viajar desde Andoaín hasta San Sebastián para buzonear en determinados domicilios, después de "hacer maniobras de conducción aplicando técnicas de contra vigilancia para detectar la presencia policial que no detectó".

En cuanto a la tarea informativa, consistía en aportar parte de las numerosas informaciones sobre objetivos financieros y víctimas de ETA que le fueron intervenidas en Francia el 20 de mayo de 2008 a Thierry.

Desde 2001, Igerastegi aportó boletines oficiales de Guipúzcoa y revistas de economía, donde salían nombres de empresas y empresarios adjudicatarios de obras públicas, que Thierry asumió como objetivos para ser extorsionados.