Un trabajador municipal de Arcos lleva al fiscal una supuesta corrupción

El Ayuntamiento de Arcos, gobernado por el PP y el partido Alternativa Independiente Progresiva, AI-PRO, cuyos miembros están ahora circunscritos a Ciudadanos, solía pagar con vales de gasolina a los operarios que utilizaban su coche propio para labores municipales. Sin embargo, uno de esos trabajadores alertó de que muchos de esos vales se hacían a nombre de otros que estaban de baja o de vacaciones. Un reparto indiscriminado que fue alertado públicamente hace un año y provocó el anuncio de una comisión de investigación municipal que no se desarrolló. Pero no ha sido hasta el pasado cinco de marzo en que este caso ha llegado de la mano de la Fiscalía. El empleado denunciante ve malversación y cohecho en la actuación del Consistorio y advierte en su denuncia ante el Ministerio Público que se han podido cometer más irregularidades.

En su relato de hechos, el trabajador explica que al reincorporarse en 2013 a su puesto de jardinero tras una baja médica, observó las primeras “cosas extrañas”. Según explica, “se les daban vales de gasolina a empleados municipales pero a nombre de otros eventuales, que se pagaban horas extras a cambio de estos vales o que los vales eran empleados por otras personas distintas a las que habían utilizado su vehículo”. Cita varios ejemplos. Entre ellos, que esos vales se expendían a nombre de personas que estaban de vacaciones o en situación de baja laboral, sin que ellos supiesen que se estaban utilizando sus datos. El jardinero denunciante decidió comunicar al alcalde José Luis Núñez, del PP, y a su socio de AI-PRO, Manuel Erdozain, ahora en Ciudadanos, estos hechos, aunque con desigual respuesta.

Según detalla, el alcalde admitió que tenía ya información previa sobre posibles malas prácticas en el área de Parques y Jardines y convocó una reunión con el propietario de la gasolinera que surtía al Ayuntamiento. El delegado de Urbanismo, Manuel Erdozain, advirtió en una reunión con los trabajadores que era un “asunto que se podía poner muy feo” y alertó de que los vales no sólo eran repartidos en la delegación de Medio Ambiente, que dirige su partido AI-PRO, sino en todo el Ayuntamiento.

El denunciante fue reuniendo más pruebas mientras las gestiones del equipo de gobierno para aclarar las irregularidades seguían. El mismo jardinero descubrió que a algunos compañeros suyos les habían arreglado sus vehículos particulares apuntándoles horas extras que no existían. Algunas de esas pruebas están ya entregadas a la Fiscalía, entre ellas, unas conversaciones grabadas en las que aparece Manuel Erdozain advirtiendo del riesgo que supone que el escándalo de los vales de gasolina trasciendan a la opinión pública y culpando de ello al jardinero. El Ayuntamiento, por las presiones de la oposición que ejerció el PSOE, acordó el año pasado abrir una comisión de investigación para aclarar estas supuestas irregularidades y si, de verdad, se había usado dinero público invertido en vales de gasolina para aprobar gastos personales de trabajadores. La comisión se aprobó pero no se puso en marcha y la investigación quedó cerrada en un expediente interno que sirvió para poner fin al reparo de vales de combustible. PP, y sobre todo AI-PRO, siempre han circunscrito estas denuncias a un ataque partidista dirigido desde el PSOE y a la revancha personal del trabajador contra el equipo de gobierno. De hecho, el operario denunciante fue apartado de sus funciones, algo que también se está analizando en el juzgado de lo social.

Con la denuncia del jardinero ante la Fiscalía, los vales de gasolina llegan por primera vez a la justicia un año después de que se conociera la existencia de posibles irregularidades y se suma a otra denuncia, más avanzada, que cerca al gobierno municipal de Arcos. El juzgado de primera instancia de la localidad ha imputado al alcalde y a Erdozain, tras una denuncia del PSOE, por 16 casos de supuesto enchufismo. Según la investigación abierta, PP y AI-PRO colocaron a familiares directos o miembros de la lista electoral en empleos municipales. Otro de los imputados es el concejal del PP y senador, Sebastián Ruiz. En su declaración el pasado mes de diciembre, no negaron las contrataciones pero defendieron su legalidad. Sus familiares y afines ocupan puestos de auxiliares, electricistas o peones.

A estas denuncias se pueden sumar más casos como la contratación de la hija del interventor municipal a cambio de que este diese informe favorable a la realización de obras en el municipio o el intento de “compra” a trabajadores y concejales, que también se apunta en la denuncia que ya está en poder de la Fiscalía.