Alvariño se adjudicó en 2009 un estudio por 89.000 euros

La costumbre de José Manuel Fernández Alvariño de pagar con dinero de la patronal a sus propias sociedades viene de lejos. Las autocontrataciones como presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) que ahora salen a la luz tienen un claro precedente en 2009, cuando Alvariño, entonces líder de la de Pontevedra, contrató por 89.000 euros a una empresa familiar la elaboración de un estudio sobre energía fotovoltaica realizado en apenas tres semanas.

El propio Alvariño firmó el 13 de noviembre el contrato de prestación de servicios con Valderas Solar Dos, SL. La empresa, creada en Valladolid dos años antes con un capital social de 3.006 euros y sin empleados, tenía un único accionista, Sol Solis, SL, propiedad a su vez de Alvariño Inversiones, SL. El padre del entonces presidente de la CEP, Salvador Fernández Troncoso, fallecido hace un año, estaba al frente de Sol Solis. En el consejo de administración estaban el propio Alvariño y su hijo David Fernández Alvariño Delgado. La empresa de la familia Alvariño ingresó 89.000 euros por “la elaboración de un estudio para fomentar la energía fotovoltaica en las cubiertas de las naves de los parques empresariales”, un documento que permanece en un cajón de la CEP sin que hasta la fecha se le haya dado uso. De la escasa complejidad del estudio da idea el mínimo plazo que se le concedió a la empresa para su realización: 17 días, que vencieron el 1 de diciembre del mismo año.

El dinero procedía directamente de la Consellería de Economía e Industria, cuyo entonces titular, Javier Guerra, había firmado tres semanas antes con la CEP un convenio de colaboración por los mismos 89.000 euros. El acuerdo con los empresarios de Pontevedra formaba parte de un convenio de colaboración por un importe total de 191.000 euros, de los que los otros 102.000 se asignaron a la Federación Galega de Parques Empresariais (Fegape) para hacer lo propio con los restantes parques de la provincia.

El contrato con Valderas Solar Dos lo firmó Alvariño con un compañero del consejo de Sol Solis, Juan Baca, en su condición de administrador único de la primera. El documento, de cinco folios, justifica la elección de la empresa en apenas cuatro líneas, en las que afirma que la compañía “alega tener experiencia en la realización de proyectos de consultoría y estudios relacionados con las energías renovables”, y en concreto haber iniciado uno similar con anterioridad al citado contrato.

Esta autocontratación se suma a las dos efectuadas ya como presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, a la que llegó en 2013 tras permanecer 10 años al frente de la de Pontevedra. En concreto, Alvariño adjudicó a sus empresas el coche oficial y el chófer que utiliza como presidente de la CEG, contratados con la sociedad limitada Auto Rent. Según publicó Expansión, Alvariño intentó sin éxito subir el importe de este contrato de 2.000 a 11.000 euros mensuales, una iniciativa que paralizó el bloque opositor del presidente de la patronal, nucleado en torno a los empresarios de Lugo y A Coruña. Alvariño sostiene que su empresa fue elegida “en un proceso abierto y transparente”, en el que se seleccionó “la más barata de las tres que se presentaron”.

El empresario vigués también contrató el seguro de la sede central de la CEG, en el casco histórico de Santiago, con otra compañía de su grupo, Riescontrol Correduría de Seguros, de la que controla el 100% a través de Alvariño Inversiones. Los hijos del presidente de la patronal, Israel y David Fernández Álvariño, figuran como apoderados de la aseguradora, que cobra de la CEG unos 5.000 euros anuales.

Para aprobar las cuentas de la CEG en la que figuran estas autocontrataciones, Alvariño necesita el apoyo de la confederación pontevedresa, motivo al que los críticos al recién elegido presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, atribuyen las supuestas “presiones y amenazas” del líder de la CEG en favor del candidato que resultó ganador. Las nueve asociaciones de la CEP que denuncian el pucherazo presentarán el lunes una demanda por presuntas irregularidades en el proceso electoral.