Ediles de Verín están vinculados a los mayores contratistas municipales

Un juez investiga al gobierno municipal por sus adjudicaciones de obras

Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín
Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verínanxo iglesias

Concejales y altos cargos del gobierno municipal de Verín que preside Juan Manuel Jiménez Morán, senador y hombre de máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo en Ourense —lo postuló en 2010 como candidato a la presidencia provincial del PP para intentar frenar la consumación dinástica del baltarismo— están vinculados a empresas con las que el Ayuntamiento contrata habitualmente. La actuación del grupo de gobierno está siendo investigada desde el año pasado por el juez de Verín por una supuesta prevaricación del regidor al inflar presuntamente los precios de las obras adjudicadas a la empresa Vipeca Obras y Servicios, SL, cuyo administrador es sido socio-copropietario de terrenos edificables en Verín del concejal de Infraestructuras, Medio Ambiente y Servicios Generales, Hilario Castro, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario.

 Otro de los concejales de Jiménez, Víctor Manuel Baladrón, responsable de Deportes, Juventud y Festejos, adjudica los cursos y actividades de deporte y tiempo libre del Ayuntamiento a la empresa Saudeter, de la que es propietario su hermano. Junto a ellos, la edil de Sanidad, María Luisa Valladares, es uno de los cargos del PP provincial salpicados por la supuesta financiación en b del partido que investiga la instructora del caso Pokémon, Pilar De Lara, que ha ampliado a los populares de Verín recientemente.

Jiménez Morán resta importancia a estos hechos. El alcalde, que asegura ser objeto de “una campaña de descrédito con vistas a las elecciones municipales”, justifica que el edil de Deportes contrate todas las actividades con la empresa de su hermano explicando que “es la única de esas características” en Verín y asegura desconocer la vinculación de su edil de Infraestructuras con el administrador de una de las principales adjudicatarias de obras del Ayuntamiento. El concejal Castro, aparejador de profesión, no ha querido confirmar ni desmentir a este diario su relación con el dueño de Vipeca. “Que quede claro que con Vipeca Obras y Servicios, SL, yo no tengo ninguna relación”, se limita a señalar el edil, que sostiene que no puede confirmar ni desmentir si la tiene con el administrador de esa empresa: “Yo no puedo hablar de mis relaciones con personas físicas sin consultarlo con ellas ya que es información amparada por la Ley de Protección de Datos”.

El edil, que ha sido hasta hace unos meses teniente de alcalde —y por tanto miembro de la comisión de gobierno— sostiene que jamás ha contratado a Vipeca. “Las adjudicaciones no las hace el concejal, se hacen por concurso a través de una mesa de contratación”, explica Castro, quien asegura que su tarea como responsable de las infraestructuras públicas se limita a “regular los trabajos de la brigada de obras”.

Esta constructora, de la que el fiscal ha hallado indicios de que el gobierno local le infló los precios en una de las adjudicaciones, no solo es una de las principales receptoras de las infraestructuras públicas en Verín, sino también en otros municipios de la comarca gobernados por el PP. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Vilardevós, José Luis Pérez, reclamó al alcalde, Manuel Cardoso, del PP, información sobre las adjudicaciones a esta empresa desde 2011 hasta el momento y asegura que “más del 90%” de las infraestructuras las hace Vipeca, “tanto las que están incluidas en convenios con las Consellerías de la Xunta como las de la Confederación Hidrográfica del Duero”. Detalla el portavoz socialista que esa firma “ha hecho todas las obras de los planes provinciales” de la Diputación, por importes pequeños, siempre inferiores a los 200.000 euros cada una de ellas y “también las grandes, adjudicadas por la Xunta a través de Agader [Axencia de Desenvolvemento Rural”.

El círculo de confluencias empresariales en el Ayuntamiento de Verín incluye a uno de los principales funcionarios. La secretaria de la institución, Pilar Saborido, está casada con el gerente de Espina y Delfín, la adjudicataria del servicio municipal del agua. Jiménez Morán no ve incompatibilidad en este hecho. Asegura el alcalde que la concesionaria contrató al marido de la técnico municipal “exclusivamente por su currículo, como a otras siete u ocho personas, y ella se incorporó después” al Ayuntamiento. Sostiene además el alcalde que el trabajo de la secretaria “no tiene relación” con la compañía donde trabaja su marido “porque los precios son públicos” y justifica: “La empresa incluso nos ha ofertado una bajada”.

Gratificaciones a funcionarios

Juan Manuel Jiménez Morán reconoce que ha puesto un complemento de 1.000 euros mensuales a los sueldos —los más altos del Ayuntamiento— tanto de la secretaria como del interventor municipales. El regidor explica que se trata de “una gratificación porque firman todas las adjudicaciones de Puertas de Galicia”, la empresa pública encargada de la promoción turística de las comarcas de Verín y Viana do Bolo que ha consumido en cuatro años 2,5 millones de euros aportados por la Xunta, los 12 ayuntamientos que la integran y Turespaña (Paradores). Esta última sociedad de la Administración central va a gestionar el castillo de los condes de Monterrei, cuyas obras de remodelación financia la Xunta, en una operación que ha provocado protestas vecinales.

Jiménez afirma que el plan de competencia turística del Gobierno central “exigía la presencia de dos funcionarios habilitados nacionales” en la empresa Puertas de Galicia y explica que los alcaldes “decidieron por unanimidad” elegir a la secretaria y al interventor de Verín. Parte de los regidores expresaron en su momento el malestar por los gastos justificados entre los que se incluían 10.738 euros por 2.200 tazas de cerámica de 350 mililitros o 20.060 euros para el “diseño, desarrollo, programación y generación de contenidos para el portal web” cuando esta estaba todavía en construcción.

Con dos investigaciones judiciales abiertas en torno a su gestión, el alcalde sostiene que es “víctima de un funcionario” a quien atribuye todas las denuncias registradas contra él en los juzgados y en los medios de comunicación.

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