El fiscal pide cuatro años por el ‘caso Horas Extras’ de Rota

El juicio iniciado este lunes en la Audiencia Provincial de Cádiz por el conocido como caso Horas Extrastrata de aclarar si la actuación de la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, el funcionario de Gestión Tributaria Manuel García y otras siete personas —técnicos, un ex concejal y el entonces alcalde Lorenzo Sánchez, de Roteños Unidos— pudo incurrir en un delito de prevaricación por simular una adjudicación de un contrato público bajo la pantalla de unas gratificaciones extras. La Fiscalía mantiene que estas prácticas eran irregulares y, en su escrito de acusación, pide hasta cuatro años y medio de prisión e inhabilitación para políticos y funcionarios.

La defensa, que ejerce el abogado Manuel Hortas en nombre de los nueve acusados, mantiene, en cambio que todo era correcto. Su mejor valedor en el juicio fue el interventor Miguel Fuentes. “La ley de contratos públicos no impide en todos los casos contratar servicios a funcionarios. Es posible siempre que se hagan fuera de su horario laboral y no tengan relación con su labora habitual. Hay sentencias que así lo corroboran”, dijo detallando, al menos, tres fallos judiciales.

Eva Corrales, al igual que hicieron los técnicos que la precedieron salvo el interventor, aseguró que desconocía que un funcionario no puede recibir un contrato añadido de la administración y justificó la presencia de su firma en el desconocimiento. Corrales admitía conocer que era Manuel García el que hacía las bandas y adornos que contrataron pero, aunque su rúbrica aparece en las facturas, no le resultó extraño que fuera un nombre de mujer el que aparecía en los recibos.

“No sabía”

"No sabía que era la esposa de Manuel el que asumía las facturas. Yo me fío de mis técnicos, comprobaba que no era una cantidad desorbitada y firmaba, como hago con la mayoría de papeles que firmó al día”, se justificó. El entonces alcalde y ahora teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez, insistió en lo misma al asegurar que son “muchas” las horas extras que se firman al en el Ayuntamiento, especialmente en Fiestas.

La sala debe dirimir si acepta la prevaricación que ve la Fiscalía, que ejerce la acusación en solitario, o bien acuerda la libre absolución que pide la defensa. Este martes están citados los testigos antes de que el juicio quede visto para sentencia.