Patriotismo constitucional

Vaya por delante mi rechazo a la sanción que ha impuesto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez Santiago Vidal. Una muestra más del autoritarismo con el que sectores conservadores de la política y la justicia afrontan la crisis política y social que vive el país, incluyendo la cuestión catalana. Dicho esto, de un magistrado cabría esperar también prudencia y ejemplaridad, y no parece que ni de una ni de la otra vaya nuestro juez muy sobrado, al menos en lo que tiene que ver con sus actividades en sus ratos de ocio.

Vidal es aquí la víctima, sin duda, pero eso no evita que su actuación pueda ser objeto de crítica estrictamente política. Su fama de juez capaz es compatible, por ejemplo, con su protagonismo en el lanzamiento del bulo sobre la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya sobre Kosovo que, supuestamente, daba por legalmente válidas las declaraciones unilaterales de independencia, lo que, sugirió Vidal en diversas intervenciones públicas, abría un camino para Cataluña en el futuro. Siguiendo esa interpretación, hubo quien hizo el ridículo más completo, verbigracia, el sonado batacazo televisivo de una de las principales gurús mediáticas del independentismo.

Recientemente, Vidal y un grupo de amigos se han arrogado el papel de orientadores constitucionales de una futura Cataluña independiente. Nadie se lo ha pedido, y lo que hagan en su tiempo libre esos ciudadanos no debería incumbirnos, si no fuera por el bombo que algunos medios, empezando por los públicos, le han dado a su iniciativa.

Interesa aproximarse al personaje, puesto que todo parece indicar que la sanción del CGPJ será el trampolín que le permitirá saltar al primer plano de la actividad política. Sobre sus convicciones ideológicas lo dice todo el que él mismo haya afirmado que se identifica tanto con CiU como con ERC como con la CUP. Es decir, tengo unos principios, pero me valen cualesquiera otros, y aquí estoy con mi prestigio de mártir, dispuesto a escuchar ofertas. Diuen, diuen, diuen que la de número dos en la lista municipal de Esquerra en Barcelona es la que más gracia le hace.

El derecho a decidir desaparecería en una Cataluña ya independiente, según la propuesta de Santiago Vidal

El juez Vidal es personaje popular en el mundo independentista, y si algún partido lo ficha, cabe suponer que será porque comparte, al menos en sus grandes líneas, lo que el juez ha puesto en su proyecto constitucional. Ese que ha merecido severas críticas de decenas de entidades de orientación ideológica diversa por la forma en que se recoge el derecho a la asistencia sanitaria, y que nos haría retroceder décadas en cuanto a su regulación. Es de suponer, también, que quien lo capte compartirá con él, por ejemplo, la forma en que se considera en su proyecto de constitución el hoy sagrado “derecho a decidir”.

Pues bien, tan irrenunciable derecho no aparece mencionado ni una sola vez en el texto. Como lo leen. Para empezar, Vidal and friends no contemplan la posibilidad de que los ciudadanos puedan decidir sobre el modelo social y económico del nuevo país, pues consagran constitucionalmente la economía de mercado basada en los principios que inspiran la Unión Europea (UE), es decir, con la actual legislación comunitaria, un neoliberalismo rampante. Tampoco está previsto que los ciudadanos puedan decidir sobre seguir o no en la UE o mantener el euro.

Ni rastro igualmente del “derecho a decidir” en su sentido más restrictivo: la versión soft del derecho de autodeterminación. Y este último solo aparece en la propuesta de constitución como principio inspirador de la política catalana en el plano internacional; es decir, en su aplicación en otros países, no en Cataluña. ¿Derecho de autodeterminación para el Valle de Arán? por ejemplo. Pues no. ¿República plurinacional? Tampoco. La República catalana la conforma una nación única, cuya soberanía reside en el pueblo catalán, punto. Música conocida.

En la legislación internacional, el derecho de autodeterminación solo se contempla para pueblos en situación de grave opresión nacional, difícilmente reivindicable hoy para Cataluña. De ahí que los soberanistas hayan preferido hablar de “derecho a decidir”, que remite no tanto a derechos nacionales como al principio democrático de atender las demandas de autogobierno de una mayoría de la población geográfica y políticamente delimitada. Pero la aplicación de ese derecho en una Cataluña independiente podría resultar conflictiva. Pensemos en el área metropolitana de Barcelona exigiendo su ejercicio. Una pesadilla. Por eso, para sectores del independentismo de los que el popular Vidal es un buen ejemplo, el “derecho a decidir” desaparecerá una vez los catalanes lo ejerzamos en relación con España. Quedará entonces solo el viejo derecho de autodeterminación, inaplicable en una Cataluña independiente. Donde las dan, las toman. El amigo Vidal y lo que representa no son conscientes de lo cerca que están de argumentar como el mismísimo ministro García Margallo.

Francisco Morente es profesor de Historia Contemporánea en la UAB