Empresarios acusan a Alvariño y al PP de pucherazo en la patronal
Las elecciones a la Confederación de Pontevedra abren una guerra interna
Pucherazo, fraude, traición, engaño, injerencias… Son solo algunas de las acusaciones que se escuchan estos días en la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), al borde de la ruptura tras la elección de su nuevo presidente. Nueve de sus principales asociaciones han solicitado la dimisión de Jorge Cebreiros, al que acusan de tomar las riendas de la patronal de forma irregular, y al que han dado un ultimátum hasta el martes próximo para que aclare las dudas relacionadas con su elección, el pasado 26 de febrero, antes de emprender acciones legales. Cebreiros ya ha adelantado que no dará marcha atrás. “El proceso está cerrado a todos los efectos”, zanjó ayer.
La tensión en la CEP crece día a día desde el convulso proceso electoral, que culminó con la elección del nuevo presidente por solo tres votos de diferencia, de un censo de 287, frente al candidato a la reelección, Luis Novoa. Las acusaciones de fraude, primero veladas, se convirtieron ayer en explícitas, al emitir un comunicado las nueve asociaciones críticas en el que denuncian “las irregularidades tremendas” de un proceso electoral “totalmente viciado”, y exigen la renuncia del nuevo presidente y del vicepresidente, José Manuel Valenzuela.
Los partidarios de Novoa explican lo sucedido en una doble clave política y empresarial. Así, atribuyen al PP un esfuerzo “titánico” para colocar al frente de la patronal provincial a un equipo directivo “afín” a la formación de Alberto Núñez Feijóo, con abundancia de “presiones” para orientar el sentido del voto en los momentos cruciales del proceso electoral. Del lado empresarial, la operación la habría completado el presidente de la patronal gallega, José Manuel Fernández Alvariño, que necesita el apoyo de la CEP para aprobar unos presupuestos bajo sospecha, ante las reiteradas denuncias de autocontrataciones de la organización a empresas de su máximo responsable surgidas en las últimas semanas.
“No nos engañemos: el vicepresidente, José Manuel Valenzuela, es primo hermano del vicepresidente de la Xunta y secretario general del PP, Alfonso Rueda Valenzuela”, subraya un conocido empresario vigués. “Y Miguel Fidalgo, concejal y número dos del PP de Vigo, está casado con la hija de García Costas”, añade la misma fuente. El protagonismo en todo este proceso de José García Costas, presidente de Barreras, ha sido absoluto, hasta el punto de ser expulsado de la directiva de la asociación del metal, Asime, por apoyar al equipo de Cebreiros pese a que contaba con el encargo unánime de dicha junta de hacerlo por Novoa. El de García Costas no es el único caso de un directivo que incumplió la delegación de voto que se le había encomendado, aunque las presuntas irregularidades no acaban ahí. Entre los opositores de Cebreiros se relata el caso de los ocho representantes de una asociación que llegaron a la reunión el 26 de febrero con el encargo de apoyar a Novoa y la abandonaron sin ejercer su voto, después de recibir “coacciones”. Pero sobre todo, las sospechas tienen que ver con presuntas irregularidades en la validación de los sufragios.
A las nueve asociaciones que ayer reclamaron la dimisión de Cebreiros se les sigue negando el acceso a una copia de las delegaciones “irregulares, dudosas o falsas”. “Lo que se solicita es que se muestre y demuestre que los DNI eran los correctos y que las firmas son legítimas y reales, y no falsificadas”, reclaman. El nuevo presidente, que atribuye el cisma a “motivos personales”, apeló a supuestas “responsabilidades penales” para justificar su determinación de no acceder a las comprobaciones. Sus opositores ya adelantaron que las solicitarán por la vía judicial.
Consciente del sesgo político que ha tomado la renovación de la directiva de la CEP, el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha insinuado que es la mano del presidente de la Xunta y del PP la que está detrás del supuesto “pucherazo”. De ser cierta la “interferencia política de la Xunta” que denuncian los empresarios, “sería de la mayor gravedad”, advirtió el regidor, que añadió: “No había pasado antes nunca”.
Autocontrataciones de Alvariño
La crisis en la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) discurre en paralelo a la guerra, fría pero cruenta, que también afronta la patronal gallega, que preside el vigués José Manuel Fernández Alvariño. Con un bloque opositor posicionado en las provincias de A Coruña y Lugo, Alvariño hace frente desde hace semanas a la aparición en distintos medios de noticias sobre autocontrataciones de la CEG a empresas de su propiedad. Así, según publicó Expansión, la sociedad limitada Auto Rent, de la familia Alvariño, se encarga del servicio de coche oficial y chófer del dirigente.
En los últimos días, Economía Digital publicó además que la aseguradora de la sede central de la CEG, en el casco histórico de Santiago, es también del presidente de la institución: Riescontrol Correduría de Seguros, SL, con sede en Vigo, de la que Alvariño Inversiones controla la totalidad de su capital. Los hijos del presidente de la patronal, Israel y David Fernández Alvariño, figuran como sus apoderados.
Para sacar adelante los presupuestos de 2014, en los que figuran ambos contratos, Alvariño necesita los votos de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, que tiene garantizados con la polémica elección de Jorge Cebreiros.
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