El legado más complejo

La patronal de Andalucía ha enviado a los partidos que concurren a las elecciones del 22 de marzo un documento en el que establece una lista de prioridades para el futuro de la comunidad. La petición más llamativa es que destierren de sus discursos el “tópico” de la corrupción en la región. Será un tópico, como entiende la cúpula empresarial, pero lo cierto es que la imagen de Andalucía se asocia en los últimos años de forma indisoluble al escándalo de los ERE y al de los cursos de formación. Un baldón para una comunidad que, además, tiene una de las tasas de paro más elevadas de España.

El origen está en las investigaciones de la juez Alaya que afectan a la Junta de Andalucía. Es cierto que la forma de instruir de Alaya resulta más que cuestionable y que su teoría de que hubo una confabulación de la cúpula del Gobierno autónomo con decenas de funcionarios y altos cargos para delinquir con el sistema de pago de los ERE tiene demasiadas lagunas, pero también lo es que sus pesquisas han puesto de manifiesto el descontrol de fondos públicos que hubo en la Junta andaluza durante demasiado tiempo. Era la época en la que abundaba el dinero de los fondos europeos y los ingresos tributarios crecían exponencialmente al calor del boom inmobiliario. De ese descontrol se beneficiaron decenas de pícaros que hicieron fortuna moviéndose por los recovecos de la Administración autonómica.

La gestión de ese legado es, probablemente, la tarea más compleja que tiene Susana Díaz como presidenta de la Junta. Romper con el pasado, reforzar los controles en el uso del dinero público, recuperar la confianza ciudadana en una Administración bajo sospecha son objetivos ineludibles. En esta clave hay que entender el anuncio que ha hecho Díaz de crear una oficina antifraude en la Junta. Un paso al que deben seguir muchos más.