El TSJA abre la causa de los aforados en el caso de los ERE
El tribunal investiga a los exconsejeros pese al criterio en contra del fiscal
El Tribunal Superior de Justicia (TSJA) ha abierto causa para investigar el papel de los cuatro diputados autónomicos y exconsejeros aforados en el caso de los ERE después de que la juez Mercedes Alaya le enviara el pasado enero su exposición razonada con indicios penales contra ellos. A priori, el alto tribunal andaluz otorga crédito a las acusaciones de la instructora: “No puede sostenerse que resulte manifiestamente infundada la atribución de posible responsabilidad penal (por prevaricación y malversación de caudales públicos) a los cuatro aforados”, razona el TSJA en un auto de este lunes.
El Tribunal Supremo instruye la rama con cinco diputados y senadores a Cortes del PSOE imputados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el diseño del fondo. En paralelo, tras declararse competente el alto tribunal ha nombrado instructor al magistrado Miguel Pasquau para analizar ahora la posible implicación de los exconsejeros Antonio Ávila, Manuel Recio, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo. El resto de la causa la instruye Alaya en su juzgado, donde acumula 264 imputados entre empresarios, intrusos y políticos de la Junta.
El TSJA avanza en su resolución de este lunes que los diputados “participaron en un nivel u otro en la toma de decisiones sobre la creación, financiación, mantenimiento y aplicación de un sistema de concesión de subvenciones sociolaborales, ayudas a empresas y excesivas comisiones a intermediarios (...) que han supuesto un indebido beneficio económico para algunos particulares y empresas”, en referencia a los intrusos en los ERE y las empresas que se ahorraron el coste de los expedientes de regulación de empleo pagados por el Ejecutivo autónomo. Eso sí, aclara el tribunal que avanza esta tesis “sin perjuicio de lo que depare un análisis exhaustivo de las actuaciones cuyo testimonio se ha remitido y las nuevas diligencias” que desarrolle el instructor.
La Sala rechazar acaparar todo el caso, tal y como le pidió la juez Alaya
El TSJA mueve ficha pese al criterio en contra del fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, que le había pedido que se inhibiera en favor de Alaya, ya que tras las elecciones andaluzas del 22 de marzo los parlamentarios perderán su fuero al no ir en las listas por el PSOE y abandonar la Diputación Permanente del Parlamento, en la que su partido les ha incluido. El tribunal ignora el dictamen del fiscal superior porque así los aforados se verían privados de pedir diligencias “que resulten útiles para la investigación, lo que no podrían hacer ante el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla”.
El alto tribunal reaccionó dos horas después de que García Calderón hiciera público que pedía al TSJA que devuelva la causa contra los cuatro exconsejeros al juzgado de Mercedes Alaya, dado que estos perderán en breve su condición de aforados al no ser incluidos en las próximas listas electorales del PSOE. “Solicita la Fiscalía Superior que el Tribunal Superior de Justicia, declare que no es competente para la investigación y enjuiciamiento de los hechos y así pueda continuar, sin más dilación, la instrucción de la causa en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla”, incide el fiscal. “Resulta materialmente imposible que el TSJA pueda designar magistrado instructor (...) antes de que pierdan su condición de aforados”.
La juez Alaya había pedido al TSJA que asumiera toda la causa después de que el Supremo rechazara instruirla, por el carácter “inescindible” de la misma. La Sala Civil y Penal, siguiendo el criterio de la Fiscalía Superior, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Supremo se opone a la medida y rechaza aglutinar todas las actuaciones, incluidas las que son ajenas a los aforados. El TSJA alega que es necesario cautela para estudiar la causa y valorar con “detenimiento y profundidad” si existe conexión entre los delitos atribuidos a los aforados y los investigados en el resto de la causa.
El abogado de Griñán censura las reuniones previas de la instructora con los interventores
Los peritos de la Intervención General del Estado ratificaron ayer por cuarto día el informe clave del caso, la extensa pericial que elaboraron entre 2012 y 2013. Durante la sesión, los interventores respondieron a las preguntas de José María Mohedano, abogado de los ex directores de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano y del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, al que defiende como imputado ante el Tribunal Supremo.
Mohedano censuró las ocho reuniones que mantuvo Alaya con los peritos en su juzgado antes de que estos presentaran de manera oficial su extensa pericial en diciembre de 2013. Para el letrado, estas reuniones restan “un valor tremendo” al informe clave para acusar a los imputados por el diseño del fondo. Mohedano alegó que el conocimiento de la juez de las tesis de los interventores suponía una indefensión para todos los imputados que declararon seis meses antes de la entrega del informe en las Navidades de 2013, ya que estos desconocían las acusaciones de los peritos que sí había leído la juez, por lo que contó con ventaja procesal frente a los acusados.
El letrado resaltó las coincidencias entre las imputaciones de la juez y el informe, y alegó que esto genera “una grave indefensión”. “Es exactamente lo mismo lo que decían los peritos y lo que decía la juez”, añadió.
Entre las similitudes que Mohedano subrayó destaca una frase de Alaya en la imputación de la exministra y exconsejera andaluza socialista Magdalena Álvarez. “La elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto (...) constituye un minucioso y dilatado procedimiento”, fijó la juez el 31 de octubre de 2013. Mes y medio después, los interventores destacaron cómo “la elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto anual constituye un dilatado y minucioso proceso”.
El abogado no desveló ayer si presentará un recurso ante el Supremo por estas similitudes entre Alaya y los interventores, pero fuentes de caso restaron gravedad a la posibilidad de que prospere un hipotético recurso, al ser habituales este tipo de reuniones previas entre unos peritos adscritos a un juzgado y la titular del mismo.
El abogado intentó realizar 25 preguntas que la juez declaró impertinentes. A continuación, el letrado manifestó que se había sentido “acosado” por Alaya. La magistrada hizo constar en acta que algunas intervenciones de Mohedano habían vulnerado la buena fe procesal, un deber de todo letrado interviniente.
Mientras, el Supremo ha rechazado el recurso del PP andaluz en el que pedía actuar en solitario como acusación en la pieza del caso ERE que se instruye en el alto tribunal y no bajo una misma dirección y representación con la Asociación Pro Justicia Siglo XXI y la agrupación de abogados Manos Limpias, informó Efe. El alto tribunal acordó que las tres acusaciones actúen en el procedimiento bajo una sola dirección y representación, que corresponde a Manos Limpias porque fue la primera en solicitar ser admitida en la causa.
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