Aerte exige transparencia en el concurso de plazas para dependientes

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) exige a la Consejería de Bienestar Social que aclare las líneas del nuevo acuerdo por el que se sacarán a concurso público y abierto 3.000 plazas concertadas para que los mayores dependientes puedan elegir centro.

Esta patronal asegura que tras el último informe de la Abogacía de la Generalitat —que critica con direza que el modelo impulsado en 2008 por el exconsejero Juan Cotino concedía un “injustificado trato de privilegio a unos empresarios frente a otros”, además de que atentaba contra la libre competencia— , Bienestar Social debería ser transparente y dar a conocer las líneas maestras del concurso. “No deben seguir resolviéndose en exclusiva plazas de los centros de accesibilidad social, pues choca con la sentencia que defiende la libertad de elección de los dependientes”, declaró Aerte ayer en un comunicado.

La patronal denuncia que, a pesar de sentencias y dictámenes de la Abogacía, “se siguen derivando personas en exclusiva hacia esas residencias, cuestión que no llegamos a comprender”. Aerte califica la situación de “extrema gravedad”, desde el punto de vista legal y humano.

Según Aerte, no es comprensible que un usuario de un centro que pueda disponer a corto plazo de plazas pública, según las noticias surgidas del nuevo concurso, sea obligado a cambiarse a otro centro de accesibilidad, cuando en pocas fechas podría disponer de una plaza concertada en el centro en el que ya está completamente aclimatado. Ante esta situación, Aerte plantea que hasta que se resuelva el concurso público de 3.000 plazas, la persona afectada pueda solicitar por escrito su traslado de residencia hasta que se publiquen las nuevas plazas.

La asociación confía en que el concurso que ultima Bienestar Social ponga fin a “una situación irregular de más de cinco años.

La red de residencias que surgió a raíz del plan impulsado por el exconsejero Rafael Blasco en 2001 y en la que participó la familia del presidente de las Cortes, Juan Cotino, concertaba un 30% de las plazas de esos centros. En 2008, el entonces consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, cambió las reglas. Firmó un acuerdo con las empresas de accesibilidad para concertar hasta el 100% de las plazas de estos centros. Entre estas compañías estaba Centros Residenciales Savia, nombre comercial de la empresa Gerocentros del Mediterráneo, SL. Por entonces (ya no), Savia estaba participada por Sedesa Concesiones —filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA (Sedesa)—, ligada a la familia de Cotino a través de su sobrino, Vicente Cotino.