La Cámara de Cuentas califica de “irreales” las cuentas de Navalcarnero
“No cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria, ni la regla del gasto, ni el periodo medio de pago a proveedores ni el objetivo de deuda pública”
Navalcarnero, gobernada desde 1995 por Baltasar Santos (PP), “no cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, ni la regla del gasto, ni el periodo medio de pago a proveedores ni el objetivo de deuda pública”, según un demoledor informe de la Cámara de Cuentas del ejercicio 2012 realizado a propuesta del PSOE y aprobado por unanimidad.
El organismo fiscalizador destaca cómo ese año el Ayuntamiento tuvo, según sus cálculos, un resultado negativo superior a los 54,8 millones de euros. Una cifra muy por debajo de los cálculos de la Cámara, que estima unos números rojos por encima de los 97,8 millones. “Pone de manifiesto la difícil situación financiera de la entidad local y la necesidad de adoptar medidas rigurosas y realistas para volver a la situación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera exigida”, advierte la Cámara. Un informe de la Intervención Municipal del pasado septiembre estima la deuda local en 114,4 millones. Para amortizarla en 25 años serían necesarios 207 millones, entiende el interventor.
El tiempo medio que tarda en pagar a empresas es de 144 días
Los auditores de la Cámara concluyen que las cuentas presupuestadas para la localidad de 26.000 habitantes son “irreales”, al basarse en las últimas cuentas aprobadas, hace siete años. “Desde el momento en que los presupuestos de 2008 se vienen prorrogando, contemplan una previsión de ingresos imposible de alcanzar en la situación económica actual, como reflejan los resultados de las liquidaciones del presupuesto de 2012 y anteriores”, sentencian los expertos de la Cámara.
Una obra de 10,5 millones sin acabar
El polideportivo La Estación, interrumpido en 2008 después de una inversión municipal de 10,5 millones de euros y tras varios modificados presupuestarios, centra la atención de la Cámara, que hace hincapié en que se mantengan suspendidas las obras “sin que estén documentadas las causas de la paralización” y los trabajos realizados hayan quedado “expuestos a su expolio y deterioro por el abandono”. Un peritaje encargado a una empresa concluyó que el destino de al menos cinco millones no estaba justificado.
El complejo iba a costar 14,8 millones, de los que Navalcarnero financiaría el 80% y la parte restante la adjudicataria, que asumiría la concesión por 38 años. El plazo estimado para la finalización de las obras era de un máximo de 18 meses.
El alcalde declaró en febrero de 2014, imputado por la situación del polideportivo tras las denuncias presentadas por el PSOE y el Partido Democrático Popular (PDAP), que no era “consciente” que las obras estaban interrumpidas en 2008. “Yo en esa obra podré haber pasado al principio una o dos veces y después otra vez por un tema de vandalismo. Y no he vuelto a pasar”, aseguró Baltasar Santos. “Pensar día y noche en el polideportivo no es mi cometido”, apostilló en los tribunales.
La Cámara entiende que la tramitación del proyecto modificado del polideportivo, con una superficie de 6.000 metros cuadrados, “resultó extemporánea” ya que cuando se aprobó por el órgano de contratación “ya estaban ejecutadas las unidades de obra nuevas”. Tampoco se justificaron “adecuadamente las necesidades nuevas o causas técnicas imprevistas ni los plazos previstos”, prosigue el informe, en cuya elaboración participó un equipo de refuerzo de auditores de la Cámara. El seguimiento de la ejecución de las obras del centro deportivo por el director de obra nombrado por el órgano de contratación “no ha sido adecuado”, finalizan los expertos del organismo fiscalizador.
El PP gobierna con 12 concejales, por los siete del PSOE, uno de IU y otro del PDAP.
Es más, los planes aprobados por el pleno municipal en 2009, 2012 y 2013 para recuperar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera contaron con el informe “desfavorable” del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuya aprobación era “indispensable”. En todos los casos, las previsiones de ingresos estaban basados “más en futuribles que en hechos razonablemente posibles, que hoy todavía no se han hecho realidad y en todo caso [son] imposibles de alcanzar”, concluye la Cámara. Los ingresos anuales son, en teoría, de 35,1 millones.
El desfase en los presupuestos también dificulta el conocimiento del coste de la plantilla municipal. Los autores del informe reflejan que el Ayuntamiento de Navalcarnero “carece” de una relación de puestos de trabajo “u otro instrumento organizativo similar que comprenda, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas”. “El presupuesto es el de 2008 que, prorrogado, está en vigor en 2012 y no tiene nada que ver ni con la plantilla de personal aprobada en octubre de 2010 ni con la de 2012 ni con el número de trabajadores al servicio de la corporación en este año. No permite correlacionar el coste de la plantilla con los créditos de gastos de personal del ejercicio”, recoge la Cámara en sus conclusiones.
El número de efectivos de personal que figuraban en la nómina de diciembre de 2011, incluidos los 12 miembros de gobierno de la Corporación, era de 297. Un año después eran 220 (147 eran personal laboral, 58 funcionarios, los componentes del Ejecutivo local y tres cargos de confianza o eventuales).
A la Cámara de Cuentas le llama la atención que en el periodo analizado la Intervención Municipal no realizara “ninguna fiscalización plena (...), lo que implica un importante incumplimiento de la función que la intervención tiene encomendada”. Como consecuencia de la falta de control, la Cámara de Cuentas detectó, tras el estudio de las facturas registradas en contabilidad durante el ejercicio 2012, que el Ayuntamiento prescindió “absolutamente” del procedimiento de contratación, “incurriendo en la contratación verbal”. En concreto, en 2012 hay constancia de “al menos 129 informes conjuntos de la Intervención y Tesorería desfavorables” con las órdenes verbales del alcalde para que se abonaran algunas pagos pendientes.
El alcalde desde 1995 es Baltasar Santos, del Partido Popular
El análisis de los pagos efectuados a través del plan de pago a proveedores también revela que el Ayuntamiento utilizó fondos procedentes de las subvenciones recibidas “para fines diferentes” a los que la subvención otorgaba. Así sucedió con las subvenciones recibidas de la Comunidad de Madrid para financiar la residencia de la tercera edad y centro de día Virgen de la Concepción. Y con las subvenciones del Plan E del Estado a las obras de rehabilitación del mercado municipal, financiadas al 100% con dicho plan. En este caso, la Cámara conmina a “reponer” 1,2 millones del Plan E, que estaban destinados “exclusivamente” a las obras de rehabilitación del mercado y que “no deberían haberse utilizado para otros fines diferentes a los de pago de obligaciones derivadas de dicha rehabilitación”.
Otra muestra de que el municipio “no es sostenible financieramente” según la Intervención, son los retrasos en el pago a proveedores, que la Ley fija en un máximo de 40 días. En el caso de Navalcarnero, la media de pago del 75% de las facturas examinadas es de 144 días. En algunos casos, la demora supera los 400 días.
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