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El juez investiga a una correduría por quedarse con dinero de 5.000 clientes

El fiscal aprecia “indicios serios” de apropiación y estafa en la gestión de S4

Ex agentes externos denuncian que la firma les estafaba con las comisiones

La justicia ha puesto su foco en una presunta estafa de pólizas de seguros en seis provincias que, según los denunciantes y la fiscalía, podría salpicar a 5.000 pólizas. El titular del juzgado de Instrucción número 8 de Vigo mantiene abierta una investigación por supuesta apropiación indebida contra los responsables de la correduría de seguros S4, con sede en la provincia de Pontevedra pero con delegaciones o acuerdos con empresarios locales en A Coruña, Ourense, Asturias, Canarias y Málaga. La empresa gestiona 12 millones de euros anuales en primas y unas 30.000 pólizas, fundamentalmente en Galicia y Asturias.

Según detalla el extenso sumario al que ha tenido acceso EL PAÍS, esta correduría ejecutaba tres prácticas presuntamente irregulares: no devolvía extornos -la parte proporcional del coste de la póliza que se reintegra al asegurado cuando se modifican las condiciones del contrato-, se atribuía un porcentaje inflado en las comisiones que las grandes aseguradoras entregan por mediar y, además, retrasaba la liquidación de los recibos provocando, en algunas ocasiones, la suspensión del seguro, con el supuesto fin de retener el dinero en sus cuentas.

La empresa alega una guerra comercial

P. T.

La investigación judicial que dilucida supuestas irregularidades en la gestión de S4 Soluciones Aseguradoras podría salpicar a miles de clientes, según figura en los documentos que obran en el sumario instruido en los juzgados de Vigo y que indaga las cuentas de la correduría desde el año 2007. Entre los presuntos afectados figurarían particulares, pequeñas y medianas empresas e incluso asociaciones deportivas que contrataron, entre otros productos, pólizas médicas.

El abogado de la empresa rechaza esas cifras y matiza que “tras dos años de investigación, los denunciantes solo han podido presentar documentalmente una decena de casos de extornos que dicen que no fueron devueltos”, una situación que achaca a “errores administrativos que ya fueron debidamente justificados ante en el juzgado”. El letrado también niega las acusaciones vertidas por los denunciantes y el fiscal sobre el supuesto “retraso injustificado” en la liquidación de recibos con las aseguradoras, lo que habría provocado la suspensión de la cobertura de clientes sin tener conocimiento de esta situación.

“Tenemos cartas de las compañías que hemos aportado a la causa certificando que nuestro proceder es totalmente legal”, aclara. Además, asegura que las diferencias que mantienen con algunos exagentes externos de S4 en cuanto a las comisiones que reciben por mediar en la comercialización de productos, deberían dirimirse en la jurisdicción civil y no en la penal.

El magistrado está a la espera de un “informe detallado” encargado a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la policía nacional que permita acotar a los investigadores las “posibles actividades delictivas” y el número real de afectados.

La denuncia, promovida por exauxiliares externos de S4, fue ratificada luego ante notario y en sede judicial por algunos exempleados y clientes. En octubre de 2013, meses después de la apertura de diligencias, la fiscalía dio traslado de los hechos al juez, imputando a dos de los responsables de S4 supuestos delitos de estafa continuada y apropiación indebida.

El ministerio público detalló “indicios serios” de que la empresa “podría haberse quedado y estarse actualmente quedando para sí con el dinero de los extornos” de los clientes o que “engaña en ocasiones” a sus auxiliares externos a la hora de liquidar la comisión (...) para abonarles una cantidad inferior a la que les corresponden contractualmente”. El fiscal concluye la existencia de “indicios claros de que los hechos pudieran ser ciertos y constitutivos de delitos continuados de apropiación y estafa”.

La juez que entonces estaba a cargo del caso y que luego cambió de destino, plasmó en uno de sus autos que los hechos recogidos en la instrucción “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de apropiación indebida”.

El abogado de la correduría, José Manuel Rodríguez, afirma que se trata de “una guerra comercial” emprendida por algunos exagentes externos y exempleados que abandonaron S4 con la intención de “quedarse con la cartera de clientes”. De hecho, recuerda que esos extrabajadores fueron denunciados por supuesto robo en un caso inicialmente archivado que luego fue recurrido ante la Audiencia de Pontevedra. Rodríguez matiza que “el juez no ha tomado ninguna medida drástica” contra sus clientes lo que “contradice” el “calado y el tono alarmista” que se intenta atribuir al caso. Además, afirma que “han colaborado en todo momento con la investigación”. “No hay nada de nada y mucho menos nada ilegal. Si acaso podemos estar ante algún error administrativo que fue solucionado inmediatamente”, insiste.

El juez acaba de finalizar los interrogatorios en calidad de imputados del administrador único de S4, Alfredo Blanco, y también de la trabajadora responsable del área económica y control interno, y de exempleados en calidad de testigos.

Ls investigadores sospechan que los responsables de la correduría manipularon el programa informático empleado para la gestión de la cartera de clientes, ya que los recibos se administran en su totalidad desde las oficinas de Vigo e, incluso, que pudieron haber destruido pruebas. En junio de 2014, se ordenó el volcado del contenido de los dispositivos informáticos que, según el juez, “era el soporte y la herramienta instrumental para la comisión del delito”. Según el sumario, dos hombres fueron vistos en un vehículo rotulado con el nombre de una de las empresas de S4, depositando ordenadores en un vertedero de Barbadás (Ourense), por lo que el juzgado ordenó a la policía local de esta localidad que investigase los hechos.

“Hubo un traslado en las oficinas y puede que algún empleado tirase algo, pero no tiene ningún sentido destruir ordenadores porque la correduría trabaja sobre un servidor y la información se guarda allí”, aclara el letrado.