Fabra crea una ‘policía’ identitaria para defender los tópicos valencianos

“El populismo es el atajo por el cual algunos oportunistas juegan con las ilusiones e ideales de las personas”. La cita es de Alberto Fabra, que la pronunció ante una convención de Nuevas Generaciones el pasado domingo. “Las cosas no funcionan sembrando el odio, sino el respeto al adversario político, hablando en términos de paz, en lugar de rupturas, y buscando las cosas que nos unen”.

El presidente de la Generalitat no se refería a su Gobierno, ni a su partido, que este miércoles rechazó en las Cortes Valencianas retirar, como pedía la oposición, el proyecto de Ley de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano, una norma que se aprobará en el último pleno de la legislatura y que prevé crear una especie de policía identitaria, el Observatorio de las Señas de Identidad Valencianas. Ese observatorio podrá iniciar “el procedimiento a fin de determinar la pérdida del derecho al cobro de una subvención” por aquellas personas o entidades que protagonicen “un agravio o menosprecio manifiesto a las señas de identidad”.

Aspectos objeto de polémica social como la celebración de bous al carrer, que la norma declara patrimonio cultural inmaterial, centran los tópicos sobre los que el Gobierno de Fabra ha construido una ley que, como destacó el diputado de Esquerra Unida Lluís Torró, si se planteara en el País Vasco, por ejemplo, levantaría una oleada de escándalo en las filas del PP, al pretender fijar, sobre prejuicios como la “individualidad” de la lengua autóctona, o sobre costumbres como la colombicultura, la gastronomía, las fiestas de Fallas o Fogueres, o los festejos taurinos, una identidad que, en palabras del consejero de Gobernación y Justicia, Luis Santamaría, “no puede ser amenazada por proyectos que buscan autoexcluirse”.

La orientación hacia un supuesto enemigo interior de la ley fue destacado por los grupos de izquierda. El socialista Rafael Rubio puso en evidencia que “no existe ninguna ley similar en nuestro entorno” y añadió que, en todo caso, “se parece a las que promulgó Franco después de la Guerra Civil”. El diputado calificó el proyecto de “macartista” y definió el Observatorio que crea como “una especie de Santo Oficio”. De la composición de ese organismo han sido excluidos, recordó, el Consell Valencià de Cultura y la Acadèmia Valenciana de la Llengua, instituciones recogidas en el Estatut d’Autonomia.

Rubio: "Si supieran qué es el Siglo de Oro, ya lo habrían saqueado"

Josep Maria Pañella, de Compromís, acudió a Juvenal y el famoso “panem et circenses” para describir lo que pretende un PP en horas bajas electorales. Los “problemas de corrupción, el paro o la incompetencia de los gobernantes”, dijo, son las auténticas preocupaciones ciudadanas. Según el portavoz del PP, Jorge Bellver, esas críticas “son incomprensibles para un valenciano”. El diputado acusó a la izquierda de “ponerse nerviosa con las señas de identidad” y arremetió: “Ustedes creen en los Países Catalanes, no creen en su pueblo”.

“Ni censuras, ni exclusiones, simplemente cumplimos el Estatut y defendemos las señas de identidad”, había asegurado el consejero Santamaría, para justificar que la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer o la denominada Academia de Cultura Valenciana, entidad que niega que el valenciano sea una variante del catalán, puedan decidir desde el Observatorio creado al efecto si asociaciones protectoras de animales o editoriales y entidades culturales han de perder subvenciones o ayudas públicas a las que tienen derecho porque se oponen a los tópicos y, en materia lingüística, las aberraciones que profesan. La ley, en cuyo debate en comisión la oposición no participará, prevé que esa policía o inquisición identitaria eleve “a la consejería competente en la materia una memoria anual”.

Bellver acusó a la oposición de “estar constantemente hablando de País Valenciano, de la cuatribarrada y poniendo en cuestión la unidad territorial de la Comunidad Valenciana”. La lista negra puede ser muy larga.