Una batería de recursos amenaza la reapertura de la mina Aznalcóllar
La empresa perdedora tiene previsto presentar una denuncia por la vía penal
La reapertura de la mina sevillana de Aznalcóllar ha estado inmersa en la polémica desde que, en julio de 2013, fue anunciada por el Gobierno andaluz. Primero, por la sombra del desastre medioambiental ocurrido en el yacimiento en 1998. Y, seguidamente, por un supuesto conflicto de competencias entre los Gobiernos central y autónomo, que llevó incluso al primero a acudir al Tribunal Constitucional. Ahora, una vez resuelto el concurso para su explotación a favor de Minorbis-Grupo México, la polémica cobra fuerza. La otra empresa aspirante, Emerita Resources España, denuncia irregularidades en el proceso y, tras pedir la suspensión del acto de adjudicación, tiene previsto presentar este miércoles una denuncia por la vía penal. Esta batería de recursos amenaza el inicio de la actividad en el complejo minero. La Junta defiende la transparencia del concurso.
La defensa de la empresa canadiense Emerita Resources España no solo cuestiona la transparencia del proceso sino también una serie de irregularidades que, aseguran, se ha producido en las diferentes fases del concurso. La Junta resolvió la convocatoria el pasado viernes en un acto retransmitido por Internet. El proyecto presentado por Minorbis-Grupo México (integrada por la cordobesa Magtel y Grupo México) lograba 75,9 puntos, sobre 100, frente a los 73,6 obtenidos por la otra empresa candidata. “No es creíble que una oferta que establece una inversión de 304,6 millones de euros obtenga una mejor valoración en este apartado que otra que ofrece 641,5 millones”, explica el abogado de la empresa, Ramón Escudero. En este sentido, la Consejería de Economía ha denunciado la “manipulación” de estos datos, ya que la valoración atiende a más parámetros. “En ningún caso se han otorgado 20 puntos a una oferta que aporta menos riqueza”, según un comunicado.
Sánchez Maldonado destaca la “total escrupulosidad” del proceso
El asunto económico engorda la denuncia que Emerita Resources España tiene previsto presentar este miércoles en el juzgado de guardia de Sevilla. Además de cuestionar la solvencia de Magtel o la creación de Minorbis fuera de plazo —desmentido por la Junta—, la defensa denuncia que se “ha manipulado” la documentación presentada por la sociedad ganadora. “Hay un informe sobre agua, avalado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que solo teníamos nosotros. Curiosamente, ahora la otra empresa ofrece la misma solución para tratar al agua almacenada en la corta de Los Frailes”, explica Escudero. La confederación no ha podido confirmar este asunto y únicamente ha señalado que durante estos meses ha mantenido reuniones informativas con ambas empresas.
Esta denuncia se suma al recurso presentado por la empresa canadiense el pasado martes en la delegación territorial de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía solicitando la suspensión del acto de adjudicación —fuentes de la Junta aseguran que no se ha recibido ningún documento—. “La lectura del acta estaba preparada y en ningún momento ha cumplido con la transparencia anunciada de la apertura de las ofertas con relación a los criterios evaluables en el proceso”, critica la empresa. Según explica la defensa, en caso de silencio administrativo o disconformidad, acudirán a lo contencioso-administrativo. En ese caso, el juzgado puede paralizar la adjudicación hasta que se resuelva la vía penal.
El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, ha vuelto a defender la legalidad del proceso y ha enfatizado la “total escrupulosidad” que ha rodeado a la adjudicación, informó Efe. Sánchez Maldonado ha recordado que aún se está redactando la resolución final del proceso de adjudicación, por lo que desconocía las acusaciones de la empresa perdedora. “Nadie tiene conocimiento de la resolución final, que se está redactando, pero los proyectos han sido examinados por una comisión técnica compuesta por funcionarios de la Junta, que son los que han dictaminado y los que han elevado a la mesa de contratación lo que habían decidido”, ha defendido.
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