Entidades ciudadanas piden más cauces de participación

Una red de entidades ciudadanas reclamó este sábado una nueva ley de participación ciudadana y transparencia de las instituciones valencianas. La finalidad del pronunciamiento, orientado a “la nueva mayoría parlamentaria resultante de las elecciones autonómicas de mayo”, es introducir un “cambio profundo en la manera de hacer política” para hacerla “más ética, más social y más democrática”, según el documento acordado en el Octubre Centre de Cultura Contemporània de Valencia. Figuran entre los firmantes de la propuesta la federación Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià, Salvem El Cabanyal, Ca Revolta, la Societat Coral El Micalet y la Associació Ciutadania i Comunicació.

La llamada Xarxa d’Entitats del País Valencià solicita la “revisión y redefinición” de instrumentos que ya existen, como las “audiencias ciudadanas”, en las que las personas y grupos afectados por un proyecto de ley o un programa concreto de la Generalitat “tienen la posibilidad de opinar durante el proceso de elaboración”. Y también figuras similares de participación como los “foros de consulta”, convocados por la Administración para debatir iniciativas públicas; o los “jurados ciudadanos”, que se encargarían de “valorar el resultado de una acción concreta” del Consell.

Las entidades consideran insuficiente la ley de participación aprobada en 2008

Las entidades recordaron que existe una Ley de Participación Ciudadana aprobada por las Cortes Valencianas en 2008, pero opinaron que la misma “no cumple los requisitos” necesarios para “facilitar y promocionar la implicación efectiva y real de los ciudadanos en las decisiones que les afectan”, ni tampoco en el control y valoración de su ejecución. Los firmantes reclaman, por ejemplo, que existan “procedimientos que permitan la participación activa, sin depender de la convocatoria por parte de la Administración”.

El documento fija como objetivos el fomento de la “igualdad de género”, la “inclusión de los colectivos desfavorecidos”, y la “mejora del nivel de exigencia ética en la política”, entre otros. Y afirma que la necesidad de fomentar la participación está recogida en la normativa europea, la Constitución Española y el Estatut d’Autonomia. Las entidades pretenden, más allá de impulsar la nueva ley, “consolidar” la acción conjunta de sus integrantes.