Un juez indaga cesiones a promotores durante el mandato del PP en Ourense
Los populares eximieron a constructores de ceder el 10% del suelo al Ayuntamiento
Ocho años después de haber perdido el Ayuntamiento de Ourense, la justicia indaga cesiones urbanísticas supuestamente ilegales a favor de constructores, efectuadas durante un lustro por el exalcalde del PP, Manuel Cabezas, que gobernó la tercera ciudad de Galicia entre 1995 y 2007 a base de sucesivas mayorías absolutas. El titular del juzgado de Instrucción número 1 de la capital ourensana ha imputado por un presunto delito de prevaricación al exconcejal de Urbanismo popular, Ricardo Campo Labrador, por no reclamar a los propietarios de suelo la cesión obligatoria del 10% de aprovechamiento público en las promociones urbanísticas ejecutadas por constructores y promotores en el municipio.
La investigación judicial de las presuntas cesiones ilegales de los populares a constructores y promotores recaló en los juzgados tras una denuncia materializada a título personal de la exedil socialista, Áurea Soto, que dejó su puesto en el actual gobierno local hace un mes, forzada por la dirección del PSdeG tras ser enviada al banquillo de los acusados por supuesta prevaricación en la legalización de un aparcamiento privado. En su denuncia contra el exalcalde Cabezas, su Junta de Gobierno y los ediles de Urbanismo conservadores, Soto detalla una posible malversación de caudales públicos de, al menos, 1,6 millones de euros por no reclamar el porcentaje de aprovechamiento público en 15 promociones urbanísticas. De hecho, el Consello de Contas de Galicia ya consideró irregular que el Ayuntamiento no exigiese la parte proporcional que la Ley del Suelo de 1997 obliga a ceder a los empresarios.
El exedil de Urbanismo del PP deberá declarar el próximo cinco de marzo. Además, Campo Labrador fue el concejal responsable del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense tumbado por el Tribunal Supremo, entre otras razones, por cambiazos entre los planos expuestos al público y los que fueron aprobados definitivamente en 2003 por el Ayuntamiento y la Consellería de Política Territorial siendo conselleiro el actual presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. El mismo día también deberá acudir a testificar ante el juez el exsecretario municipal Mariano Rodríguez que, presuntamente, elaboró un informe con el que se justificaba el proceder del gobierno ourensano del PP.
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