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Alaya niega que quiera “interferir” en las elecciones andaluzas

La magistrada considera una "interpretación sesgada" las acusaciones de cargos del PSOE

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos. Ampliar foto
La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos.

La juez Mercedes Alaya ha rechazado las acusaciones de altos cargos del PSOE sobre su interés en influir en las elecciones andaluzas del 22 de marzo. La magistrada puntualiza en su último auto que carece de intenciones para “interferir” en la campaña a través de la próxima ratificación de los interventores del Estado sobre su informe del caso ERE:“Se trataría de una interpretación sesgada y alejada de la realidad considerar que la ratificación ordenada, señalada con antelación suficiente para no interferir en el proceso electoral, pueda tener alguna finalidad espuria distinta del cumplimiento de la legalidad”. Es la respuesta de Alaya a un escrito de los diputados Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, cuyo papel se investiga en el Tribunal Superior de Justicia (TSJA).

Alaya se refiere en su resolución a la ratificación de los interventores del Estado en su juzgado de la prueba clave del caso y que afecta a los cargos aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Este último se ha quejado de que la ratificación se realice sin que pueda defenderse, al producirse en el juzgado sevillano mientras que él permanece imputado en el Tribunal Supremo. Por este mismo motivo presentó un escrito el abogado Víctor Moreno Catena, que representa a los exconsejeros Martínez Aguayo y Ávila, así como a la senadora Mar Moreno ante el Supremo.

En el auto, la instructora incluso matiza su intención de permanecer ajena al apretado calendario electoral de 2015. “No debiendo olvidar que tras las elecciones autonómicas se suceden a corto plazo las municipales y posteriormente las elecciones generales, de manera que si esta instructora fuera de la misma opinión que los solicitantes [Martínez Aguayo y Ávila] no practicaría prueba alguna en este y en otros procedimientos en el transcurso de un año, porque siempre las mismas podrían justificarse maliciosamente por la existencia de algún evento político o electoral”.

Hace dos semanas la presidenta del PSOE, Micaela Navarro, acusó a Alaya de interferir en los comicios de manera regular a través de sus resoluciones, que a menudo censuran con dureza la gestión de los últimos gobiernos socialistas desde la Junta. “Nos tiene bastante acostumbrados, a veces sabemos que estamos en campaña porque vemos que ha salido un día un auto”, afirmó el pasado 7 de febrero.

El pasado mayo, el número dos y secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, fue incluso más explícito al cargar contra Alaya. “Es una evidencia, cojan las hemerotecas y verán la coincidencia a partir de 2011 con las elecciones municipales”. Las voces críticas con la juez recuerdan la cantidad de autos con resoluciones polémicas de cargos políticos que decreta la instructora, mientras que sus defensores alegan que con las seis macrocausas que instruye y la cantidad de imputados que maneja (en total superan de largo las 300 personas), es imposible no coincidir con las elecciones.

Mientras, Alaya ha dado por personados a Martínez Aguayo y Ávila en su juzgado, que habían alegado en su escrito “indefensión”. Ello a pesar de que la juez ya remitió una exposición razonada al TSJA sobre los indicios hallados contra ellos. La instructora notificará a partir de ahora todas sus decisiones a ambos diputados, en virtud del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un artículo que ya esgrimió Alaya para señalar en un auto a los expresidentes de la Junta Chaves y Griñán antes de que el Supremo les imputara. En paralelo, Alaya ha rechazado grabar la ratificación de los peritos por los ERE la próxima semana y ha ampliado el secreto que pesa sobre el sumario de los cursos de formación, después de recibir los informes de la Intervención General sobre las direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, dada la “gravedad de los delitos”.

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