El perito del accidente de metro niega problemas graves en el tren

El informe pericial que había solicitado la Audiencia de Valencia cuando ordenó la reapertura de la investigación del accidente del metro de Valencia de 2006 concluye que la unidad siniestrada aquel 3 de julio "no presentaba ningún problema que pudiese menoscabar la seguridad en la circulación".

El informe, hecho público hoy por la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, está firmado por el perito Andrés María Cortabitarte y es una de las 11 pruebas que la Audiencia ordenó practicar hace más de un año cuando revocó el archivo del caso que había dictado el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, atendiendo así los recursos de la Fiscalía y las víctimas.

La Audiencia ordenó al Juzgado la práctica de esas nuevas diligencias "ya que existen indicios, nuevas señales o pistas que pudieran aclarar, iluminar o ilustrar el motivo o la causa" de la tragedia que costó la vida a 43 personas y causó heridas a otras 47.

En el caso de la nueva diligencia de investigación pericial, esta debía ser elaborada por el mismo perito que hizo los informes anteriores "con los nuevos datos, hechos y documentos que se deduzcan de las diligencias anteriores", para determinar si el estado de la UTA 3736 fue una de las causas del accidente ocurrido entre las estaciones de Plaza de España y Jesús.

En sus conclusiones, el perito constata, entre otras cosas, que aquel 3 de julio circularon previamente por ese tramo siete trenes con diferentes maquinistas "sin incidencias destacables", así como que el mantenimiento preventivo y programado de las unidades investigadas no obligó a ninguna restricción.

El informe descarta también problemas en el mando múltiple de la unidad siniestrada y el registrador de eventos, mientras que sobre los sistemas de señalización se asegura que funcionaron correctamente.

En un comunicado, la Asociación de víctimas critica que este informe pericial "sigue dejando importantes dudas por contestar", como es, en su opinión, que no haya abordado "el hecho de que las balizas situadas entre Jesús y Plaza de España estuvieran programadas para circular hasta una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima autorizada en recta es de 60, bajando a 40 kilómetros la hora en la curva en la que descarriló".

Además, la entidad señala que la constatación en el informe de que entre el 20 de junio y el 3 de julio se detectaran veintinueve excesos de velocidad evidencia que estos eran "habituales y consentidos" por Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), "incumpliendo su propio reglamento de circulación".

"Nos parece muy difícil que el informe pericial pueda afirmar con total rotundidad que la unidad siniestrada 'no presentaba ningún problema que pudiera menoscabar la seguridad' sin tener el tren siniestrado para poder analizar los bogies y el sistema de frenado, con los únicos informes proporcionados por FGV, y sin el libro de averías", concluye la Asociación.