Los controles de aceite detectan un 8% de fraude

La polémica por la existencia de fraude en el etiquetado del aceite de oliva vuelve a emerger con fuerza. Fue el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Andalucía, Miguel López, quien abrió la veda en días pasados con unas declaraciones que ponían bajo sospecha a buena parte del sector de la distribución y del envasado: “Hay producto que se está comercializando en este país que no se corresponde con lo que pone en la etiqueta; esto es un engaño para el consumidor, que compra una cosa y se come otra. No es un perjuicio para su salud, pero sí para su bolsillo, y también para un producto excelente, que se ve perjudicado por estas prácticas especulativas”.

Desde la COAG no se dieron nombres ni apellidos de los supuestos infractores, pero se indicó que el Ministerio de Agricultura tenía conocimiento de esas prácticas fraudulentas. Pero ha sido la Junta de Andalucía, con competencias en materia de consumo, quien ha venido a confirmar la existencia de una importante bolsa de fraude en el etiquetado del aceite de oliva comercializado. De la mano del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), la Consejería de Agricultura ha llevado a cabo en los últimos cinco años casi 3.000 controles en instalaciones relacionadas con el aceite de oliva (principalmente cooperativas en origen) y se han muestreado más de 48.800 toneladas y, según indicó la consejera, Elena Víboras, las disfunciones detectadas llegan al 8%. “Si consideramos que las muestras analizadas son representativas del conjunto de aceite envasado, pensar en un 8% del total es una auténtica barbaridad”, ha indicado el secretario general de COAG, que exige “tolerancia cero contra el fraude, caiga quien caiga”.

Los productores oleícolas ya criticaron en su día la decisión de la Junta de no sancionar a las marcas donde, en 2010, se destapó un fraude del 56% en las inspecciones realizadas en establecimientos de distribución de aceite de oliva en las provincias de Jaén y Córdoba. La Junta acabó descartando fraude en el etiquetado y atribuyendo la pérdida de calidad del producto a su mala conservación en las estanterías de la gran distribución, una conclusión que se calificó como “inadmisible” en el sector productor.

También la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha pedido una mayor implicación de la comunidad autónoma con la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), perteneciente al Ministerio de Agricultura, a la hora de perseguir y sancionar estas actividades que considera anticompetitivas. La UPA ha presentado en el último año 15 denuncias por venta a pérdidas en el aceite de oliva de las grandes superficies. “Es impresentable la posición de la gran distribución”, apunta el secretario general de UPA-A, Agustín Rodríguez, que pide una mayor implicación de la comunidad autónoma en colaboración con el Ministerio.

La presión de las organizaciones agrarias ha llevado al Ministerio de Agricultura a anunciar un plan específico de inspección ante la constatación de que el aceite de oliva se está utilizando como producto reclamo entre la gran distribución. La ministra, Isabel García Tejerina, ha anticipado la puesta en marcha de un protocolo donde el Ministerio tomará muestras y analizará las razones por las que estos productos se están vendiendo a precios anormalmente bajos, “algo que será debidamente corregido, bien porque se esté vendiendo a pérdidas, bien porque se esté cometiendo alguna de las prácticas prohibidas por la ley o por alguna otra incidencia”. Según la ministra, “siempre que haya un producto que tenga un precio anormalmente bajo, nosotros vamos a analizar las causas y, en su caso, se impondrán las correspondientes sanciones”.