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Alumnos con dificultades se quedan sin clases de apoyo en 32 centros

Educación se niega a conceder más profesores solicitados por los colegios

Menos refuerzo académico y menos apoyo a la diversidad. Alumnos de 32 centros de Primaria y Secundaria de Galicia se quedan este curso sin el llamado plan PROA, el programa de refuerzo, orientación y apoyo que ofrece la enseñanza pública a los estudiantes con dificultades. Las dos confederaciones de Anpas (Asociacións de Nais e Pais) de Galicia, directores de centros y sindicatos alertan de que la Consellería ha aplicado un nuevo recorte que “otra vez, carga contra los más débiles”, las familias, abocadas a pagar por clases particulares o situar a sus hijos en el precipicio del fracaso escolar. La comunidad educativa sostiene que la decisión de la Consellería de “limitar” el número de contratos de profesores externos para impartir estas clases, ha propiciado la renuncia de esos centros a ofertar grupos de apoyo. Educación insiste en que “no se puede hablar de recorte” ya que mantiene “exactamente el mismo número” de docentes externos que el curso pasado, aunque no conceda los que se le piden por primera vez.

 Solo en el colegio de María Pita de A Coruña, 45 niños, distribuidos en tres grupos, se quedan sin las clases de refuerzo este curso, según denuncia el representante de CC OO Verísimo Pazos y confirma la presidenta de Confapa-Galicia, Helena Gómez. Ambos coinciden en que la Consellería ha “presionado a los directores” para que persuadieran a los docentes de sus respectivos centros a que impartan ellos esas clases. La gran mayoría se niega.

Los profesores reconocen que no les compensa asumir esa “sobrecarga” y señalan que sin embargo el trabajo es demandado por los docentes que integran la lista de laborales (en el paro) “pero contratando al profesorado de cada centro Educación se ahorraría los pagos de la Seguridad Social, que es una buena cantidad, a base de sobrecargar a los mismos de siempre, a los que se quiere añadir ahora una responsabilidad de la Administración”, sostiene Pazos.

Educación asegura que están garantizadas clases de apoyo, con el personal externo contratado, en 350 centros educativos, “el mismo número que el año pasado, porque los que tenían refuerzo lo mantienen; si no se les da es porque no lo tenían”, insiste un portavoz de la Consellería. En la lista que este gabinete publica en su página web constan seis centros excluidos del programa y 26 que renuncian; la mayoría, 14, en la provincia de Pontevedra, junto a nueve de A Coruña, dos de Ourense y uno de Lugo.

Las renuncias obedecen en la práctica totalidad a la “imposibilidad” de poner en marcha los grupos por falta de profesores. Directores de centros de la provincia de Pontevedra que constan como renuncias aseguran que no pudieron ponerlo en marcha “por falta de medios”. Llegaron a proponer compartir recursos entre los centros afectados. Los que no han renunciado han hecho encaje de bolillos para encontrar docentes dispuestos a impartir esas clases. En el IES Universidade Laboral de Ourense, la dirección se enteró de que había un profesor de otro instituto de la ciudad dispuesto a participar en el programa, pero, al ser de los pocos profesionales en activo que accedían a asumir esa tarea, resultó que estaba tan solicitado que ya no pudo aceptar. El IES acabó encontrando otro docente de otro instituto, aunque “solo está disponible por tres horas los jueves”, explica Álex Portela, profesor y delegado de CC OO Ensino en Ourense.

Para las familias, este “nuevo recorte” significa un mazazo en el pilar básico de la enseñanza pública: la igualdad de oportunidades. “Hablamos de equidad y en la educación se define como la capacidad de modificar el entorno socioeconómico en los resultados académicos”, sostiene el vicepresidente de la Confederación de Anpas Galegas, Fernando Lacaci, en un escrito dirigido al conselleiro de Educación, en el que reprueba que se esté llevando a cabo “una política de hechos que en la práctica resulta ser una desaparición de las posibilidades de integración de los alumnos en situación de desigualdad”. “La Xunta prefiere que se pierda el futuro de un niño antes de gastar en su educación”, sostiene

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