2.500 firmas permitirán llevar al Parlamento propuestas ciudadanas

La primera de las cinco leyes anunciadas días atrás por el presidente de la Xunta dentro del paquete de “impulso democrático”, que pretende atajar el descrédito político por los casos de corrupción, entró ayer en el Parlamento. La iniciativa no lo ha presentado el Gobierno sino el Grupo Popular y su propósito es abrir cauces a la participación ciudadana en la actividad de la Cámara. La principal novedad del texto explicado ayer por el portavoz popular, Pedro Puy, es que se permitirá que con 2.500 firmas un grupo de ciudadanos presente en la Cámara una proposición no de ley, equivalente a una solicitud de pronunciamiento de la institución parlamentaria sobre algún asunto concreto. Además, también se arbitran fórmulas para que puedan tramitarse preguntas dirigidas al Gobierno.

 Desde 1988, los ciudadanos tienen la potestad de presentar un texto legislativo a debatir por la Cámara. El propio PP aprobó recientemente otra reforma que rebajó de 15.000 a 10.000 el número de avales necesarios para promover la promulgación de una ley. Pero los ciudadanos nunca han dispuesto de la posibilidad de presentar iniciativas de impulso y control al Gobierno, como se denominan en la jerga parlamentaria. Esa es la gran novedad del primero de los proyectos con los que Feijóo quiere propiciar la “transparencia” y la lucha contra la corrupción: los populares abogan por que, con un número de firmas sensiblemente menor, también se podrán proponer pronunciamientos del Parlamento sin carácter legislativo. Eso sí, las iniciativas, además de contar con el respaldo de 2.500 personas inscritas en el censo electoral, deberán ser asumidas luego por alguno de los grupos parlamentarios para su tramitación. A diferencia de las iniciativas legislativas, que permiten que uno de los ciudadanos promotores intervenga en la Cámara en su defensa, en este caso deberá ser algún diputado quien la exponga.

En cuanto a las preguntas a la Xunta, una potestad que ahora tienen también únicamente los grupos políticos, se establece un nuevo mecanismo. Cualquier ciudadano o persona jurídica podrá exigir una respuesta al Gobierno autónomo sobre una cuestión que considere de interés. Las preguntas deberán ser primero admitidas a trámite por la Mesa del Parlamento. En caso favorable, se incluirán en el Registro de la Cámara y cualquier diputado podrá hacerla suya para forzar la respuesta del Gobierno. La ley prevé el establecimiento de un “mecanismo electrónico” en el Parlamento para facilitar que los ciudadanos hagan llegar sus propuestas.