Los fiscales instan al Ayuntamiento a parar los derribos en El Gallinero

La Unión Progresista de Fiscales de Madrid ha dicho basta. Basta de derribos en el poblado chabolista conocido como El Gallinero, donde actualmente viven 435 personas gitanas de origen rumano, entre las que se encuentran 298 menores, según sus datos, basados en la distribución de bolsas de comida que realizan los voluntarios cada jueves.

Denuncian, mediante un requerimiento presentado este viernes en el Ayuntamiento de la capital, que en los últimos meses se han producido 41 derribos “con afectación de 82 menores”. Aseguran que las demoliciones —la última, de cuatro viviendas, el 15 de enero— se anuncian por carta, pero no precisan la fecha ni se presentan alternativas de negociación. “Se han llegado a dar situaciones en las que se lleva a cabo un derribo sin orden judicial que lo autorizase”, aseguran en su escrito. “Se han practicado derribos en los que, con una de las casas se ha destruido otra vivienda anexa con la que compartía materiales de construcción”.

Lo habitual es que los policías municipales y los funcionarios del Departamento de Disciplina Urbanística del Consistorio aparezcan al amanecer por esos removidos terrenos de escombros, cercanos a la Cañada Real. A las familias apenas les da tiempo a recoger sus enseres, denuncian los fiscales, y “se ven obligados a abandonar sus efectos personales”. Apelan al cumplimiento de las normas internacionales de realojo porque, afirman, “la supuesta alternativa que ha sido ofrecida por el Ayuntamiento —que consta en el Programa de Actuación Social en el Gallinero, de 2012— es incompatible con las soluciones obligadas por los tratados internacionales”, como el Convenio de Viena de 1993, entre la retahíla de legislaciones mencionadas.

“El objetivo del Plan que se viene aplicando desde 2012 es hacer desaparecer estas infraviviendas”, explica Carlos Martínez, coordinador de Servicios de Sociales del Ayuntamiento, que niega que se haya producido ninguna actuación sin orden judicial. Asegura que todas se han llevado a cabo con los niños en la escuela. El Consistorio tiene subcontratada la atención social a estas familias a través del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) de la Comunidad de Madrid. “Para erradicar estas situaciones se pone el foco en la educación y escolarización de los niños y en las mujeres, porque son los hombres adultos —dedicados a la chatarrería y muchas veces al robo y venta de cobre—, los que tratan de mantener estos asentamientos irregulares, ilegales e inhumanos, la mayoría de las cuales han desaparecidodesde 2003”, añade Martínez.

De acuerdo con la normativa internacional, los desalojos forzosos han de cumplir con ciertos requisitos que pasan porque “el realojo sea en una vivienda” y “que en la solución hayan participado las personas afectadas por el mismo”.

En opinión de los fiscales, nada de esto se cumple en Madrid. Donde la primera fase del realojo consiste en “campamentos de construcción prefabricada, de carácter temporal —ocho meses—, con una sola estancia y un baño y con cocina compartidos”. Y la segunda, “supuestamente consiste en la entrega de unos pisos que no se da cuenta de donde se encuentran, el tiempo que podrán ser usados, el tipo de contrato de uso o si están construidos en el momento actual o lo serán en el futuro”.

Los campamentos se encuentran en Las Tablas —detrás de la antigua fábrica de Renault—, y en la carretera de Colmenar Viejo, detrás de la ciudad estudiantil de San Fernando. Según explica Javier Baeza, cura de la iglesia Juan Carlos Borromeo de Vallecas y voluntario, “ahora mismo solo hay allí dos familias de El Gallinero, porque no quieren ir, por la disgregación familiar del clan que supone, por las estrictas normas y controles y porque los niños están escolarizados en los colegios de Vallecas”, explica. La mayoría de los desalojados han vuelto a reconstruir sus casas en El Gallinero “y se niegan a aceptar la llamada ‘vuelta tutelada’ que consiste en subirles con un billete pagado en un autobús y mandarlos de regreso a sus países de origen”.

“Todo se hace con criterios técnicos”, defiende Martínez. “Lo que ocurre es que cuando se les ofrece ir a los campamentos, que es el paso previo a los pisos tutelados, no quieren, y hay que respetar las reglas del juego”.

La consecuencia del desacuerdo, es que los habitantes del poblado vuelven a construir sus infraviviendas, después de que han sido derribadas, según reconoce Baeza. Y la historia se convierte en un círculo vicioso.

Por otra parte, según denuncia el escrito de los fiscales, se produce un agravio comparativo entre los habitantes de La Cañada, “a los que sí se les ha reconocido el derecho al realojo efectivo”, y los del Gallinero.

En este momento, según explica Carlos Martínez, el Ayuntamiento está elaborando un detallado informe para responder al requerimiento de los fiscales y de “algunos de los voluntarios” —porque en la zona también trabajan Cáritas o Cruz Roja—.