El Síndic llevará los indicios de fraude a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas Europeo dice sobre el fraude que “aunque este no es el principal objetivo de una auditoría, las normas exigen que el auditor lleve a cabo determinados procedimientos en relación con el mismo”. Por eso, la Sindicatura de Comptes ha incorporado a su manual de fiscalización los “elementos esenciales”. Y por eso, también, el organismo fiscalizador de la Generalitat tramita un protocolo con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para mejorar la coordinación y colaborar “en el tratamiento de las incidencias e irregularidades puestas de manifiesto en los informes de fiscalización”. Así lo indicó ayer el Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, en su exposición anual ante la Comisión de Economía de las Cortes Valencianas.

Tres horas después, una vez terminada una sesión protagonizada por el toma y daca sobre la necesidad de que la Sindicatura tenga más iniciativa ante los posibles casos de corrupción, Queralt aclaró a los periodistas que vehiculará los indicios que encuentre de posible responsabilidad contable a través de ese protocolo con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Un organismo sobre el que insistió en que es el único que tiene competencia para perseguir el fraude contable. “La función del auditor es auditar, probar el fraude corresponde a otro”, llegó a asegurar.

La diputada de Compromís Mireia Mollà llevó la voz cantante a la hora de reclamar una mayor implicación de la Sindicatura contra la corrupción. “Podían haber hecho mucho más”, clamó la parlamentaria, tras recordar que la ley prevé que la Sindicatura pueda “instruir procedimientos de responsabilidad contable” por delegación del Tribunal de Cuentas. Mollà leyó los artículos de la ley de creación del organismo que señalan que los informes habrán de determinar si se ha cumplido la legalidad en la gestión de los fondos públicos. “Eso va más allá de los procedimientos contables. Tienen que indicar si se ha cumplido la ley”, dijo la diputada.

Queralt respondió que la delegación para poder instruir casos de responsabilidad contable es potestad del Tribunal de Cuentas. “No me la darán porque la pida”, alegó. El Síndic comentó que, dada la complejidad de “la tremenda máquina informática que se ha montado en la Administración pública, la Sindicatura “necesitaría medios normativos, informáticos y de formación para entrar en las tripas de la Administración”. Pero insistió en que el organismo “está haciendo lo que tiene que hacer”. Y puso como ejemplo que ha habido sentencias y se están instruyendo casos judiciales en los que se cuenta con sus informes. “Lo hicimos con Blasco y lo hicimos bien”, apuntó en referencia al fraude en las ayudas de Cooperación que ha llevado a la condena del exconsejero. “Tengo aquí, página a página, lo que hoy está en los juzgados”, deslizó Queralt, que repasó en los pasillos con los periodistas algunos de los casos en los que ha sido llamado a declarar o se le han solicitando documentos, como Emarsa, el cierre de RTVV, la organización de la Fórmula 1, Feria Valencia, Nóos o, dentro de Gürtel, la visita del Papa o los contratos con la empresa Orange Market. “Todo lo hemos dicho”, remarcó el Síndic. “Lo hemos dicho en nuestros términos”.

Los informes de la Sindicatura “han ganado en claridad y detalle”, dijo el socialista Julián López, que sin embargo advirtió de que hay una demanda social de “más supervisión”. El diputado dijo que le había preocupado mucho “la lista de temas judiciales” y criticó que, pese a que se detectan irregularidades, que después se convierten en casos de corrupción, no “hay responsables”. También Lluís Torró, de Esquerra Unida, incidió en la detección de delitos relacionados con la gestión pública. La Sindicatura, dijo, “ha de ser un organismo operativo, no decorativo”.

El debate sobre la necesidad de ampliar el alcance de la fiscalización que hace la Sindicatura de Comptes relegó a un segundo plano el informe sobre las cuentas de la Generalitat de 2013, que era el objeto de la comparecencia. Rubén Ibáñez del PP, dijo que era “posiblemente el mejor informe de los últimos años”. La situación de la empresa Ciegsa, que construía colegios, cuyos datos no cuadran con los de la Sindicatura cuando se emprende su liquidación, la fiscalización pendiente de Feria Valencia, y los problemas en el Hospital General de Valencia o en la liquidación de RTVV centraron las intervenciones.