La juez de Andorra sospecha de los negocios de Jordi Pujol hijo

Una juez de Andorra ha accedido a la petición de bloquear las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola en ese país y, de paso, ha desacreditado las explicaciones que dio ante el juez sobre sus negocios. En un auto, admite la petición del magistrado Pablo Ruz de solicitar información a las entidades andorranas y de bloquear, en caso de que las hubiera, las cuentas del hijo mayor del expresidente catalán y de su mujer, Mercè Gironès. Lo hace con el argumento de que tras los negocios de Júnior puede haber “relación con actividades de corrupción o tráfico de influencias”. “Hay indicios de criminalidad que se han de clarificar”, señala en un contundente auto de 40 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La juez Maria Àngels Moreno basa su decisión en la declaración que Pujol prestó ante la Audiencia Nacional el pasado septiembre como imputado por blanqueo de capitales. La causa nació a raíz de una denuncia presentada por su examante, Victoria Álvarez, que le acusó de realizar movimientos de dinero ilegales entre distintos países, incluido Andorra. El juez indaga el presunto pago de ocho millones de euros a Pujol Ferrusola, entre 2004 y 2012, supuestamente a cambio de adjudicaciones. También, el movimiento de divisas efectuados en 13 países por un valor total de 32 millones de euros.

En su declaración, Pujol negó haber cobrado comisiones ilegales y defendió la bondad de sus negocios en múltiples campos. Ese es uno de los puntos que no le acaban de encajar a la juez andorrana. Pujol, recuerda, se dedicó a negocios “de gran complejidad tecnológica”. Tras escucharle, concluye, “no se llega a captar con tanta claridad en qué consiste su aportación”. Pujol “no manifiesta tener o haber adquirido conocimientos técnicos”, sino solo “capacidad para aportar inversores (...) porque conoce a mucha gente y tiene influencia para hacer mover el capital de terceros”.

La juez también recuerda que, cuando Ruz le pidió documentación para justificar que sus actividades eran reales, Pujol “no expresó mucho interés” en aportarla. Y subrayó que cobró “elevadas cantidades de dinero como comisionista” solo “gracias a pactos verbales”. Esas actividades, interpreta la magistrada, “no tienen una lógica mercantil clara” y hay, además, una “conexión de actuaciones de administraciones públicas”, lo que las hace sospechosas. La legislación andorrana, recuerda, sí permite perseguir delitos de blanqueo derivados de la corrupción.

La decisión implica que los cinco bancos andorranos deberán informar sobre si Pujol, Gironès o alguna de sus sociedades tienen (o tuvieron en el pasado) cuentas en sus entidades.