Interior anuncia una “insoportable” presión al cliente de prostitución
El tráfico de personas para explotación sexual mueve cinco millones euros al día
El director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, anunció ayer en Barcelona que aumentará la presión sobre los clientes de servicios de prostitución “hasta hacerla insoportable”. Este incremento de control constituye la segunda fase del plan contra la trata de seres humanos presentado ayer junto al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Esta segunda fase del plan, con el lema Con la trata no hay trato, pondrá énfasis en el refuerzo de la prevención, la concienciación y la colaboración de todos los ciudadanos y especialmente de los clientes potenciales de servicios sexuales.
“Los objetivos [del plan] son muchos y ambiciosos, como exige una lacra como la que nos enfrentamos”, afirmó el ministro, quien cifró en cinco millones de euros la cantidad de dinero que mueve diariamente en España la trata de seres humanos.
Fernández Díaz insistió en que, en esta nueva fase la operación que pretende acabar con la esclavitud sexual, tratará de convertir a España en un referente internacional en esta lucha al igual que lo es, en su opinión, en materia de seguridad. Para ello argumentó que la oficina de estadística de la Unión Europea ha situado a España como el tercer país con la criminalidad más baja de Europa.
La prostitución mueve en España un total de cinco millones de euros cada día
El titular de Interior añadió que una de las herramientas con las que contarán los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para erradicar la trata de seres humanos será la futura Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la bautizada por la oposición como Ley Mordaza. Con la ley en la mano, los agentes podrán sancionar administrativamente a los clientes que soliciten servicios sexuales en las proximidades de lugares frecuentados por menores, como centros educativos o parques infantiles. Fernández Díaz, que en todo momento habló de sancionar a los clientes, no a las prostitutas, anunció también que se multará a quienes reclamen sus servicios en las carreteras. Esta norma es semejante a la que el Gobierno de la Generalitat puso en vigor en 2012 y que intenta acabar con la prostitución en los márgenes de las carreteras cuya titularidad es del Ejecutivo catalán. En el caso de Cataluña, cabe destacar que se imponen denuncias tanto a la profesional del sexo como al cliente.
La segunda fase del plan contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual contará con fuertes campañas en los medios de comunicación y redes sociales para su prevención. Parte de la campaña será insertar mensajes de emergencia en los buscadores de Internet. El cliente que esté buscando contactos sexuales por la red recibirá un anuncio en su pantalla con la campaña impulsada por la Policía. En la prensa escrita se colocará publidad en las páginas de contactos y se incrementará la formación en universidades a través de seminarios.
Ignacio Cosidó realizó un pequeño balance de la primera fase del plan puesto en marcha en abril de 2013 y que ha acabado con 1.450 detenidos en 462 operaciones; con 11.751 víctimas de las redes de esclavitud sexual rescatadas, y con 22.777.475 euros intervenidos. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas rescatadas, el primer lugar lo ocupan mujeres originarias de Rumanía, seguidas por esclavas sexuales de nacionalidad española, colombiana, paraguaya y nigeriana.
La mayoría de las víctimas explotadas procede de Rumanía
El director de la Policía aprovechó la presentación del plan para enviar un mensaje a todos los miembros de la Policía Nacional: “Con sólo mirar a la cara las víctimas, sabremos que ese esfuerzo merece la pena”. Cosidó animó a sus agentes al recalcar: “No hay reto colectivo más ilusionante que abolir esta forma de esclavitud”.
El director de la Policía concretó que con esta segunda fase del plan la policía tratará de dar “un paso adelante” para combatir esta lacra, que, aseguró, es una de las prioridades de la Policía Nacional al mismo nivel que el terrorismo y la violencia contra la mujer, Por ello, añadió, harán especial hincapié en la prevención y visualización de las víctimas y los clientes.
Entre los objetivos propuestos por Cosidó figura el de reducir la demanda de servicios sexuales no sólo ejerciendo presión sobre los clientes, sino desmontando las redes de esclavitud sexual y “localizando a todas las víctimas hasta que dejen de ser invisibles”.
Además, el Gobierno quiere potenciar convenios internacionales en proyectos compartidos con Europol e Interpol. Cosidó destacó el grupo Santa Marta, al que pertenece la Policía Nacional y que está impulsado por el Vaticano. Este grupo, en el que trabajan las policías de varios países, lucha para erradicar las redes de explotación sexual.
Según datos de la ONU, las redes de trata de seres humanos para la explotación sexual mueven en el mundo 25.000 millones de dólares anuales.
Mossos contra la prostitución
Los Mossos d'Esquadra llevan desde junio de 2012 multando a prostitutas y clientes en las carreteras cuya titularidad es de la Generalitat.
Las sanciones que impone las policía catalana en las vías de titularidad estatal nunca progresan porque los Mossos carecen de competencia legal para ello. La Operación Voral (arcén en castellano) se basa en la ley catalana de carreteras, la cual prohíbe la prostitución ejercida a menos de 50 metros de las vías públicas. Las multas pueden alcanzar hasta los 30.000 euros.
La ley entró en vigor en junio de 2012 y hasta diciembre de ese año los agentes de la policía autonómica realizaron 804 denuncias sin distinción entre clientes y prostitutas. En 2013, fueron 479 los multados y, el pasado año, 82. Según fuentes del Departamento de Interior, la ley ha sido todo un éxito y la reducción de las multas constata que no se ejerce la prostitución a pie de carretera.
Interior asegura que los agentes de la policía autonómica no sólo realizan una labor represiva, sino que intentan averiguar si las afectadas están ejerciendo la prostitución libremente o tras ellas hay una red de explotación sexual. En junio de 2012 los Mossos localizaron sólo en Girona a 109 mujeres ejerciendo la prostitución en las carreteras, mientras que el pasado año contabilizaron 54.
La Administración catalana creó un fichero de datos de carácter personal para tramitar los expedientes sancionadores, lo que permite tratar datos de quienes sean multados y el motivo de la sanción. Desde el departamento reconocen que la labor es complicada. Los clientes suelen abonar la sanción al momento para evitar que llegue cualquier tipo de notificación a sus domicilios. En cambio, perseguir a las prostitutas es mucho más complicado porque la mayoría no dispone de un domicilio fijo o son insolventes de cara a la Administración.
En otro orden de cosas, el ministro del Interior aprovechó la presentación del plan contra la explotación sexual para anunciar que los inmigrantes que soliciten asilo político lo podrán hacer pronto en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla.
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