El fin de siete años de escáner al Betis

La investigación judicial que ha peinado las cuentas y fichajes del Betis durante 14 temporadas bajo el mando del empresario Manuel Ruiz de Lopera ha concluido la semana pasada. La juez Mercedes Alaya censura con dureza la gestión del ex consejero delegado y lo sentará en el banquillo junto a otras siete personas. La instrucción ha sido procelosa por su complejidad técnica y el entramado empresarial de Lopera, interrumpida por la enfermedad de Alaya y salpicada de escándalos y dimisiones de sus administradores judiciales. Todo bajo el olor del negocio del fútbol, que mueve cantidades de vértigo y pasiones opuestas a la frialdad del proceso judicial.

 Alaya acusa.Tras una denuncia de la Fiscalía en 2008, la juez inició el caso y en 2010 despojó a Lopera de sus acciones (el 51% del club). La instructora imputó a Lopera por supuestamente generar un perjuicio de 24,9 millones a las arcas del club deportivo entre 1993 y 2008. Alaya le achacaba “un plan preconcebido” para descapitalizar el club. Además, la instructora puso en duda que Lopera sea el propietario real de una parte importante de sus acciones. Los peritos judiciales realizaron dos informes para determinar los flujos de dinero entre las empresas de Lopera y el club. Y como resultado, los acusados están procesados por delito societario y apropiación indebida, ambos delitos continuados. Mientras, Lopera niega que se lucrara ilícitamente gracias a su gestión. Su abogado afirmó que el empresario había sido víctima de una “tormenta perfecta judicial y mediática”.

Administradores judiciales. Desde que en 2010 Alaya designó administradores judiciales para controlar el club, los sobresaltos han sido periódicos. Del primer trío de administradores formado por el exjugador Rafael Gordillo, Luis Huidobro y Juan Manuel Gómez Porrúa, este último falleció a los seis meses de su nombramiento. En su puesto Alaya designó al abogado José Antonio Bosch, que dimitió tras destaparse que su bufete hizo negocios con proveedores del club. Finalmente, hace un año la magistrada nombró para sustituirle a Francisco Estepa. Este abogado defendió al marido de Alaya en un proceso penal cuando ambos eran administradores concursales de unos laboratorios cordobeses. La magistrada minimizó este vínculo como una “relación imaginada” y “basada en bulos periodísticos”. Sin embargo, ambos comparten despacho en Sevilla. “No ha habido suerte con los administradores judiciales. Se ha optado por perfiles ajenos al fútbol y así nos ha ido”, opina Cayetano García, letrado de la asociación Por Nuestro Betis.

Altibajos deportivos. Mientras la Fiscalía denunciaba al club en los juzgados, la etapa deportiva, con Lopera de presidente, iniciaba su declive. Ese año el equipo bajó a Segunda División y 40.000 socios se manifestaron en el centro de Sevilla para pedir su dimisión. La fractura entre la dirección del club y su afición se agrandó. Tras permanecer en Segunda dos temporadas, subió a Primera División en 2011 y llegó a octavos de final de la Liga Europa. Tras dos temporadas en Primera, descendió el verano pasado en la peor temporada de su historia, último de la clasificación con solo 25 puntos.

La fiscalía tiene la clave. El papel del ministerio público en la fase intermedia antes de que se abra el juicio oral es determinante para el devenir del caso. La fiscal presentará un escrito de acusación previsiblemente más leve que la visión penal de Alaya, a tenor de sus posiciones anteriores. La Fiscalía pidió que las acciones de Lopera le fueran devueltas tras el embargo, aunque sin éxito. Apoya el fondo de la acusación, pero con abundantes reservas. “Ahora es el momento de retratarse para la fiscalía. Con las medidas cautelares, el Betis solventó la situación de ruina. Ha sido una instrucción compleja, pero hay indicios de criminalidad”, estima el letrado Miguel Cuéllar, de la asociación Liga de Juristas Béticos, personada como acusación.

Recusación de un juez. Mientras que Alaya avanzaba en su investigación, la Audiencia de Sevilla respaldaba cada paso. Ahora la imparcialidad de la Sala está en entredicho porque la Fiscalía ha apoyado la recusación del magistrado Juan Antonio Calle por ser sobrino de Juan Calle Martínez, vicepresidente de Liga de Juristas Béticos. Calle arguye que no hay parentesco de consanguinidad, porque las partes personadas son personas jurídicas.

Embargo de cuentas. La última decisión de Alaya antes de dar carpetazo a la instrucción ha sido bloquear las cuentas de Lopera para cubrir la fianza civil de 33 millones, que se suma al embargo de cinco casas y automóviles. Ahora, se inicia la fase intermedia antes de la celebración del juicio, en la que la fiscalía y las acusaciones propondrán las penas para los ocho acusados.