Un hotel avalado por Jordi Puig funciona desde 2001 sin licencia

Un hotel avalado por Jordi Puig —hermano del consejero de Empresa de la Generalitat, Felip Puig— funciona desde hace 14 años sin licencia en el puerto de Sitges. El empresario Francisco Valverde, socio de Jordi Puig, es el dueño del establecimiento, que acumula una deuda millonaria y ha disfrutado de la connivencia de las Administraciones. Valverde ha sido también investigado por blanqueo de capitales por sus relaciones con Jordi Puig en un caso que instruye el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona.

El Port Sitges Resort es el establecimiento más grande del puerto de Aiguadolç. Tiene 48 habitaciones y servicios de todo tipo en uno de los puertos deportivos más selectos de Cataluña. Fue inaugurado en junio de 2001 y desde entonces ha operado sin licencia hotelera. El Tribunal Supremo condenó en 2012 a Valverde a pagar 1,4 millones de euros por deudas que mantiene con el puerto, sentencia que este pasado mes de enero la Audiencia de Barcelona ha obligado a ejecutar, por segunda vez, mediante un concurso de acreedores.

Sitges adjudicó el derribo de parte del hotel a una empresa de su gestor

Esta es la historia de un culebrón judicial y administrativo que dura desde hace más de dos décadas, cuando se produjeron los primeros impagos. Valverde adquirió en 1988 el solar más grande del puerto de Aiguadolç. El espacio fue calificado para instalaciones de uso deportivo, en las que podían pernoctar “marineros en tránsito”. El hotel Port Sitges Resort abrió sus puertas en 2001 a partir de una solicitud de licencia hotelera a la Dirección de Puertos de la Generalitat, que fue denegada, luego recurrida y actualmente aún continúa en trámite.

El Ayuntamiento de Sitges concedió en 1999 a Valverde la licencia de obras para un edificio que tenía todas las características de un hotel. El Departamento de Territori, cuyo titular es Santi Vila, ha declinado comentar el caso porque argumenta que el negocio es responsabilidad administrativa municipal. Pese a la posición pública de Territori, la Dirección General de Puertos sigue los hechos como supervisora del puerto e incluso ha impuesto dos sanciones al hotel por el uso indebido de la licencia deportiva. La última multa fue en 2007, por 120.000 euros. Valverde la recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le dio en este caso la razón: el uso del espacio no es abusivo y la licencia ocupacional para marineros tiene una interpretación flexible.

El hermano de Felip Puig es socio del empresario en una constructura

El primer revés judicial relevante para Valverde llegó en 2004: el TSJC sentenció a favor de los vecinos de la urbanización de Aiguadolç, que denunciaron al hotel porque superaba el tamaño legal y les tapaba las vistas al mar.

Parte del edificio tenía que ser derribado, según el TSJC. La sentencia fue recurrida por Valverde y por el propio Ayuntamiento, pero el tribunal acabó sentenciando de manera firme el 2014. Sitges ejecutó la sentencia el pasado enero como responsable subsidiario porque Valverde se negó a llevar a cabo el derribo, que tuvo un coste de 339.000 euros. La empresa elegida por el Ayuntamiento para ejecutar la obra es Cubiblok, propiedad de Miguel Miñarro, directivo de la actual gestora del hotel y socio de Valverde. Elena Redondo, edil de urbanismo y presidente de CDC de Sitges, respondió a las preguntas de este diario que era “la primera noticia” que tenía de los vínculos de Cubiblok con Valverde. “Había tres ofertas y elegimos la mejor”, dice.

Redondo admite que no puede explicar por qué el hotel no ha conseguido la licencia pertinente: “Es complicado. Confluyen muchas normativas, del Estado, Generalitat, municipal, y la cosa se ha ido alargando”. Los abogados de Valverde anuncian por su parte que denunciarán al Ayuntamiento por daños y perjuicios valorados en cuatro millones de euros. El hotel argumenta que el municipio autorizó la ampliación hecha en 2001.

Solo hay dos hoteles en Cataluña con licencia para operar en puertos: el Vela de Barcelona y el Atenea de Mataró. La ley de Costas del estado “prohíbe edificaciones destinadas a residencia o habitación en zonas de servicio portuarias”, aunque pueden hacer excepciones en casos de interés general.

Desde 2003 y hasta la actualidad, Port Sitges Resort no ha pagado ni las cuotas de servicios comunitarios ni el IBI al Port d’Aiguadolç. En total debe 1,4 millones de euros, según el puerto. El Tribunal Supremo, tras múltiples recursos, dictó en 2012 que la propietaria del hotel debía pagar la deuda y un juzgado de primera instancia ordenó el concurso de acreedores. Valverde recurrió la decisión mientras negociaba una quita del 50% con el Port de Aiguadolç. El acuerdo se firmó ante notario el 2013 Jordi Puig Godes como avalador de Valverde.

Jordi Puig, hermano de Felip Puig e imputado por blanqueo de capitales, es socio de Valverde en la constructora Diner Hotels. Una de las pruebas que presentó la policía en 2014 fueron varios pagos a una inmobiliaria de Puig por valor de 80.000 euros por parte de Beach Ibérica. Esta empresa fue gestora del hotel de Sitges y la firmante de la quita avalada por Puig. Este testificó en verano de 2014 que este dinero eran por una gestión de asesoramiento en un resort que Valverde operaba en Murcia. Pocos meses más tarde, Puig confesó ante el juez que había utilizado Beach Ibérica para desviar a su favor unos fondos procedentes del extranjero.

El abogado de Valverde, Adolfo Rubio, explica que su cliente no ha pagado al puerto “por rebelión contra los poderes fácticos que le quieren hacer pagar lo que les da la gana”. Rubio asegura que los gestores del puerto quieren quedarse con el hotel. Valverde denunció en 2011 ante el TSJC el plan especial del puerto porque considera que es arbitrario y está lleno de irregularidades. El contencioso está pendiente de sentencia.

Albert Bertran, presidente del Port d'Aiguadolç, es partidario de tener un hotel en sus instalaciones porque aporta visitantes e ingresos. “En ningún caso queremos que el hotel sea nuestro”. Bertran afirma que ha intentando que intervenga la Generalitat y del ayuntamiento, sin éxito. “Nos hemos sentido desamparados. Con el dinero que nos debe, el puerto podría haber caído en la bancarrota”.