Intervención reclama mayor control en la gestión de conciertos educativos

“Vulneración generalizada de la obligación de informar [a las familias] de la voluntariedad en la realización de actividades complementarias por parte de los centros concertados”. Esta es una de las conclusiones del Informe de Control Financiero de la Intervención de la Generalitat sobre los conciertos con los centros docentes privados valencianos de 2013, según el que también se vulnera la “gratuidad de la enseñanza” en algunos casos al obtener ingresos “por conceptos tales como material didáctico, cajas de herramientas, etc.”

 Lo dio a conocer ayer la diputada de Compromís, Mònica Oltra, para quien “corrobora los puntos de la denuncia que Compromís presentó en julio pasado y que ha llevado a la Fiscalía a presentar una querella que ya investiga el tribunal”. También concluye el informe, respecto a los gastos de personal por pago delegado, que “se abonan nóminas sin haberse prestado servicios”, así como “complementos retributivos eliminados por sentencia judicial”. El informe señalaba un caso concreto, que “sin tener asignadas horas en la programación del centro, percibe nóminas por parte de la Consejería de Educación por la impartición de 15 horas lectivas semanales”, a pesar haber “cesado de sus funciones”. El interventor instaba a solicitar el reintegro de las cantidades indebidamente abonadas.

En este y otros casos, se excedía el número de horas autorizadas en el concierto, al igual que los consignados en la denuncia de la Fiscalía que actualmente investiga un juzgado de instrucción de Valencia. Por eso, una de las recomendaciones del interventor, al final del informe, era “definir mecanismos y protocolos de control” para detectar y corregir las deficiencias apuntadas, en especial las relacionadas con “el pago delegado de nóminas y justificación de gastos de funcionamiento”.

En este último apartado, el informe advierte de que en la mitad de la muestra analizada se incumple “con la forma y el procedimiento” de esta justificación. De hecho, la intervención califica de “inexistente” el sistema de control respecto a los gastos que justifican “las cantidades libradas por la Administración” para atender los gastos de funcionamiento, e “ineficiente” el sistema de control de los pagos de nóminas. Detecta, asimismo, una ausencia de coordinación con la Inspección Educativa en esta red de centros, que invita a corregir.

En una respuesta rápida, la Consejería de Educación precisaba ayer por la tarde que el Informe de la Intervención, que consta de 176 páginas, “se refiere solo a cuatro centros”, minimizando así el alcance del trabajo del órgano fiscalizador de la Generalitat. Este, no obstante, es contundente al definir ese alcance y el objetivo de su abultado informe: “Analizar y evaluar los procedimientos y métodos utilizados en la gestión y control de los fondos públicos asignados para el sostenimiento de los centros privados concertados” y argumentaba la selección de la muestra.

Educación asegura que se solicita “el reintegro de pagos que se hayan podido abonar en exceso” en “el momento que se detectan” y que “desde 2012 se han enviado cerca de 8.000 comunicaciones” por “variaciones de nóminas”. Educación argüía que “trabaja con Intervención para mejorar la gestión”. Mònica Oltra preguntaba por qué, si la consejera María José Català conocía el informe de 2013, “no ha evitado los pagos irregulares y la querella que investigará el tribunal por posible malversación de fondos”.