El Consell da luz verde al plan de Ikea en Alicante pese al conflicto judicial

El Consell sacará a exposición pública en unos 15 días el proyecto de Actuación Territorial Estratégica (ATE) que prevé la instalación de Ikea en la ciudad de Alicante. El proyecto es rechazado por el comercio local y, además, está recurrido en los tribunales por los propietarios del suelo donde la multinacional sueca pretende instalarse. La policía, en su informe del caso Rabassa, actualmente instruido en la Audiencia de Alicante, cree además que la llegada de la tienda esconde un pelotazo urbanístico favorecido desde el Ayuntamiento en favor del empresario Enrique Ortiz, promotor de la idea, imputado en este caso.

La decisión de la Generalitat acelera contracorriente el proyecto urbanístico más polémico de Alicante, la bautizada Alicante Avanza Park & Shopping Center o, como se le conoce comúnmente, la ATE de Ikea. La actuación nace del Plan Rabassa, un proyecto urbanístico impulsado por Ortiz, que se ha convertido en el caso judicial con el mismo nombre y por el que la anterior alcaldesa, Sonia Castedo, se vio forzada a dimitir.

Una vez se publique en el Diari Oficial de la Generalitat, la Consejería de Infraestructuras expondrá durante 45 días el documento. Con su decisión, el Consell se mete en un campo de minas jurídicas: la ATE está recurrida por tres partes distintas en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dos de ellas representan a propietarios del suelo en el que se proyecta Ikea.

Los propietarios consideran que se están vulnerando sus derechos: Ortiz habría ofrecido a Ikea unos terrenos que no son propiedad del empresario y por los que ya habría cobrado. El informe policial del caso Rabassa les da la razón. Los investigadores creen que el constructor ya percibió 97 millones de la multinacional sueca por un suelo que no es suyo y, además, concluyen que la ATE es heredera de Ikea.

La implantación de Ikea era en su inicio parte de un plan que preveía 13.500 viviendas que construiría Ortiz. Los propietarios consiguieron que el TSJ lo anulara hasta en cuatro ocasiones y a partir de ahí, el proyecto sufrió distintas alteraciones para poder salir adelante, la última, la que hizo que la Generalitat asumiera el proyecto como ATE. Con Ikea iría un centro comercial, un parque tecnológico y otro periurbano que incluiría las lagunas de Rabassa, masas de agua producto de antiguas excavaciones mineras. En total 2,5 millones de metros cuadrados de los cuales Ortiz tiene más de 800.000, pero en su mayoría en suelo no urbanizable (las lagunas). La ATE permitiría que el constructor fuera el urbanizador total de un suelo que no es suyo.

La Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente confirmó su decisión apenas dos días después de que instara al Ayuntamiento de Alicante a retirar la totalidad de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), también investigado. La oposición en bloque (PSOE, Esquerra Unida y UPyD) volverá a pedir la retirada de la ATE en el pleno de este viernes cuando se entierre oficialmente al PGOU alicantino. Los comerciantes hicieron lo propio la pasada semana, creen que su desarrollo podría acabar con el 14% del comercio tradicional de la ciudad en apenas dos años. La actuación está viciada, según Esquerra Unida (EUPV). Detrás de la ATE están los mismos que impulsaron Rabassa. Empezaron siendo Ortiz, Bancaja y el Banco de Valencia y han acabado siendo Ortiz, la Caixa y Bankia, las dos entidades financieras que absorbieron la caja y el banco valencianos.