“Presidente: ¿qué hacemos a partir de ahora con los pagos a Cabieces?”

Gregorio Villalabeitia apenas pudo contener su perplejidad cuando leyó, en el ordenador de su nuevo despacho como presidente de Kutxabank, la nota interna que le enviaba Fernando López de Eguilaz, su director de Recursos Humanos. “Presidente: ¿qué hacemos a partir de ahora con los pagos que se vienen realizando a nombre de Mikel Cabieces?”. Villalabeitia no dudó en pedirle explicaciones.

A partir de ahí se desencadena la actual tormenta financiera y política y que este miércoles inició su fase judicial con la declaración ante la fiscal de Bizkaia, Carmen Adán, de López de Eguilaz, en calidad de testigo. El presidente del banco vasco no dudó, como primera medida, en ordenar la realización de una auditoría interna que, lógicamente, acabaría detectando la “irregularidad” que recogía el comunicado de la entidad emitido el pasado jueves y que tanto molestó, entre otros, a Mario Fernández.

En su comparecencia, “breve” según reconocieron fuentes jurídicas, López de Eguilaz se limitó a reflejar el procedimiento interno que se venía siguiendo por orden del entonces presidente de Kutxabank, Mario Fernández, para satisfacer el abono de 6.000 euros mensuales a Mikel Cabieces. La cantidad global abonada por este método es de 243.592 euros y ya fue devuelta a mediados del pasado mes de enero por Fernández a instancias de Villalabeitia, según adelantó ayer este diario.

El método elegido consistía en aplicar un incremento a la iguala que Kutxabank mantiene con el despacho Alcorta y así cubrir la cantidad acordada entre las dos partes ahora directamente señaladas por esta irregularidad. Rafael Alcorta, titular de la firma, es un reconocido abogado bilbaíno que viene prestando servicios primero a BBK y luego a Kutxabank bajo la absoluta confianza de Fernández. Este bufete, más especializado en temas jurídicos y societarios que en asesoría laboral —aunque también la ofrece— participó en las tareas de asesoramiento de la compra de Cajasur. Su máximo representante fue abogado del sindicato ELA hace varios años.

Hasta desvelarse el contenido de la nota de López de Eguilaz, el pago a Cabieces era “desconocido” incluso por los directivos más influyentes del banco vasco a pesar de que se mantenía en vigor desde hace más de dos años. Así las cosas, en estos ámbitos ha causado una especial sorpresa el procedimiento empleado por el director de Recursos Humanos para requerir del nuevo presidente cuál debería ser la pauta a seguir con el abono al dirigente socialista. “Hay cuestiones de índole interna que se comentan directamente con las personas que llegan por primera vez a un cargo”, reconoció este jueves una fuente conocedora de la vida interna de Kutxabank y sorprendida todavía por haberse utilizado el método del escrito.

Precisamente la constancia de esta prueba abortó cualquier posible intento de Villalabeitia de dar otra salida a la pregunta que se le había planteado y de ahí activara la auditoría interna en el área que dirige García Lurueña.

Fuentes próximas al banco vasco descartan cualquier intencionalidad de López de Eguilaz al decidir trasladar una pregunta tan delicada por escrito, pero admiten que ha supuesto “toda una puñalada” en la espalda de Mario Fernández, con quien, sin embargo, mantenía en el banco una buena relación. López de Eguilaz dispone de un reconocido prestigio en Kutxabank, a donde llegó en la recta final del mandato de Xabier de Irala para dar otro enfoque a las relaciones sindicales que se venían complicando.

Mientras Fernández y Cabieces ultiman su comparecencia de este viernes ante la fiscal Carmen Adán, se suceden las reacciones. Así, el PP presentará una interpelación en el Parlamento vasco para que el lehendakari, Iñigo Urkullu, exponga la posición del Ejecutivo autonómico sobre las presuntas irregularidades en Kutxabank, según anunció Arantza Quiroga. Mientras, el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, den Bilbao que sospecha de la existencia de “acuerdos espurios” entre PNV y PSE-EE. El sindicato ELA, a su vez, consideró que si se confirman las irregularidades denunciadas serían unas prácticas “inaceptables”, que “formarían parte de la agenda oculta que manejan determinados partidos”.