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El PSOE de Leganés se quiebra por desobedecer la orden de Gómez

Cinco ediles podrían ser expulsados por permitir la ampliación de un polígono

Rafael Gómez Montoya (izquierda) y Tomás Gómez en un acto.
Rafael Gómez Montoya (izquierda) y Tomás Gómez en un acto.

Al Partido Socialista de Madrid (PSM) se le ha abierto un frente de batalla en Leganés (188.000 habitantes). Este municipio es el quinto más poblado de la región y feudo socialista desde 1979, con la excepción de dos gobiernos populares en minoría. El PSM ha iniciado un expediente disciplinario —que podría concluir en expulsión— a cinco de sus ocho concejales. Estos se saltaron la disciplina de partido y no votaron el pasado jueves —como les pidió el secretario general madrileño, Tomás Gómez— en contra de la ampliación de Legatec, un parque tecnológico que ellos empezaron a proyectar en 2000 y del que ya funciona el primer sector. Su abstención posibilitó que el Ayuntamiento —gobernado en minoría por el PP desde 2012— sacase adelante el plan.

Entre los expedientados está Rafael Gómez Montoya, número uno del grupo municipal y alcalde de la localidad entre 2007 y 2011 y que es uno de los tres únicos miembros del Comité Ejecutivo regional que no apoya a Tomás Gómez. Este órgano de dirección está formado por 50 dirigentes socialistas. Gómez Montoya, además, presentó su candidatura en las pasadas primarias para ser el aspirante municipal socialista en Leganés. Contaba con el respaldo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pero no con el de Gómez. Sorprendentemente, fue derrotado por Santiago Llorente, que sí tenía el apoyo del secretario regional. Fuentes de Ferraz admiten que se dio por hecho que Gómez Montoya iba a ser el candidato. Llorente, en la actualidad, no es concejal.

Adeudos millonarios

La demora en la urbanización del segundo sector de Legatec está pasando factura a muchas empresas. Algunas se han cansado y han buscado otra ubicación y otras siguen pagando por el alquiler en otro sitio. Es lo que cuenta Francisco Ramos, director de Sediasa, que envasa los productos de El Pozo: “Estamos de alquiler mientras pagamos una fábrica en Getafe. Queremos la nuestra con la máxima tecnología”. De no haberse aprobado el plan el jueves, se hubiesen ido. “Habíamos elegido Leganés por ubicación, pero ya estábamos buscando otros sitios”.

La fábrica de Sediasa lleva un retraso de un año, pero el daño es mayor para otros. El abogado Francisco Alacaína representa a un centenar de propietarios de tierras y pequeños empresarios que aguardan las obras. Habla de “cientos de millones” que el Estado tendrá que pagar a los terratenientes a los que se expropió las tierras entre 2002 y 2003 y no han visto un euro, porque les iban a pagar con el dinero recaudado con la llegada de las empresas. El Ayuntamiento tenía un plazo de cuatro años para edificar, cuenta Alacaína, y desde hace ocho años se suceden los retrasos.

En el sector 1, la Universidad Carlos III investiga. Alacaína lamenta que las patentes que salen de Legatec no se produzcan aquí. Es el caso de una moto híbrida para Bultaco que se fabrica en estos momentos en Cataluña.

Gómez Montoya afirma que ni a él ni a ninguno de los disidentes se les ha notificado expediente alguno, por lo que prefiere no pronunciarse sobre las razones que han llevado al PSM a oponerse a Legatec.

Por su parte, Llorente sostiene que fue él quien “hace meses” expuso a la dirección regional las razones para oponerse al desarrollo de Legatec: denuncias de propietarios que no han cobrado, una comisión de investigación que no se ha abierto, informes que han firmado otros técnicos... “Hay demasiados elementos en contra. No hace falta hacerlo tan deprisa”, mantiene.

Pero detrás subyacen razones políticas: el compromiso firmado por los socialistas, IU y un grupo independiente con los trabajadores de la embotelladora de Coca-Cola, en el cercano municipio de Fuenlabrada. Este acuerdo les obligaba a posponer a la próxima legislatura cualquier apoyo a de Legatec. Los empleados de Fuenlabrada, sobre los que pesa un ERE, temen que la distribuidora de Fuenlabrada termine en Leganés.

Tomás Gómez hizo del despido de estas personas una bandera. Los ediles díscolos de su grupo en Leganés lo estropearon al apoyar el polígono industrial. Y ahora se enfrentan a su expulsión.

Llorente se queja: “Cuando se concedió el permiso para la planta [de Leganés] no sabíamos que iban a cerrar Fuenlabrada. Creíamos que se estaba creando empleo. El saldo es 1.000 personas despedidas allí y unas 40 contratadas en Leganés: 960 a la calle. Nos han engañado”.

El Consistorio considera que con este sector —planeado en tres fases, esta última es el más grande y para uso industrial— va a dar trabajo a 15.000 personas en 400 empresas. Sin embargo, Llorente calcula que sólo se emplearía a 500 trabajadores, porque son casi todas empresas mecanizadas. “El Pozo va a traer su fábrica de Getafe con saldo cero de empleos. Nosotros queríamos un parque científico con empleo estable, no máquinas. Los ingenieros del sur de Madrid tienen que irse al norte a trabajar”.

Gómez Montoya rebate a su compañero de partido: “Desde un punto de vista técnico no había ninguna razón para oponerse. Todos los informes son favorables. Y aunque el parque no es como el que nosotros concebimos en 2000, en estos tiempos no se puede renunciar a que se creen 400 puestos de trabajo en Sediasa [del grupo El Pozo] en una ciudad con 18.000 parados. Nos hemos reunido con ellos y nos lo han dicho”.

Llorente no sabe cuándo se resolverá el expediente: “Hay que iniciar un procedimiento, nombrar un instructor, que den explicaciones...”. Por lo que es muy posible que los cinco ediles terminen la legislatura con el carné socialista. Y el aspirante a la alcaldía reconoce que aún no han decidido si, de ganar las elecciones, recurrirían la ampliación del polígono. “Tendríamos dos meses desde la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad”

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