La juez achaca otro delito a Fernández por dudas sobre sus ingresos

La juez Mercedes Alaya ha imputado por cohecho continuado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández en el caso ERE. La instructora le achaca haber comprado cuatro casas y dos garajes en siete años en Jerez, por 602.806 euros, una cifra en la que incluye asimismo “sumas de dinero percibido por Fernández y sus hijos de origen desconocido a través del abono en cuentas bancarias”, según un auto de la semana pasada.

 La resolución de Alaya es llamativa porque sucede a un informe policial previo que no ofreció signos de lucro ilícito del exconsejero. Ahora la magistrada subraya que sus hijos carecen de ingresos para adquirir los inmuebles, y cita a Fernández, encarcelado entre abril y septiembre de 2012, para declarar de nuevo el próximo 3 de marzo.

El exconsejero, que ha pedido recibir una pensión por su falta de ingresos actual, resaltó ayer que todas sus casas soportan hipotecas, y una incluso tiene próxima una ejecución hipotecaria por impago: “Todo el dinero está identificado y mis hijos nunca han recibido transferencias. Los pisos están comprados con muchos problemas. La juez ya dijo expresamente que no me he enriquecido”.

Su letrado, Alfonso Martínez del Hoyo, añadió: “No puedo pronunciarse sobre el auto y el informe policial que lo sustenta, pues el juzgado no ha puesto en conocimiento de la parte procesal ni lo uno ni lo otro. Y aunque en esto llueve sobre mojado, no deja de sorprender que, una vez tras otra, los abogados nos enteremos por la prensa de las decisiones judiciales que afectan a nuestros clientes. No obstante, y a reserva de poder analizar y pronunciarse más despacio sobre los datos que maneja el juzgado, desde ahora rechazamos categóricamente esa nueva imputación por cohecho que llamativamente a estas alturas recibe el Sr. Fernández, casi cuatro años después de iniciarse la investigación, y ya que el mismo niega en rotundo la existencia de dádivas y, al igual que sus hijos, tiene bien justificada la adquisición de su modesto patrimonio inmobiliario a través de préstamos hipotecarios".

Además, Alaya ordena a la Guardia Civil que investigue al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas por supuesto tráfico de influencias. La juez destaca la contratación de su hijo en la fábrica de Heineken, que recibió una ayuda de la Junta de 16 millones, además de las viviendas compradas por otras hijas. “Les avalé con mi casa y mi sueldo, lo que hace cualquier padre”, defendió Rivas.

En el caso ERE Alaya ha imputado a María José Cueva y Juan Ruiz por las ayudas públicas a la firma EDM-Séneca, por lo que el número de acusados se eleva ya a 231 personas.