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¿Pintar las paredes o cambiar las cañerías?

Un grupo de expertos de la Universidad Complutense propone una reforma "urgente, pero no a la carrera", de la Constitución

Miquel Iceta, con el informe, junto a Javier García Roca y Eliseo Aja.
Miquel Iceta, con el informe, junto a Javier García Roca y Eliseo Aja.

"La reforma de la Constitución es urgente, porque no se ha reformado desde 1978, pero no se puede hacer a la carrera. Deberíamos aprender de la historia y reformarla antes de que alguien lo haga sobre las ruinas de la actual". Javier García Roca, director del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid se ha expresado con esta claridad en Barcelona en la presentación de informe que aboga por una modificación profunda de la Carta Magna.

Pautas para una reforma constitucional es la denominación del informe que han elaborado un grupo de juristas de diversas sensibilidades políticas. "Uno piensa que hay que pìntar las paredes de la casa y resulta que acaba cambiando las cañerías porque no hay más remedio", ha explicado García Roca para reclamar la necesidad de la reforma constitucional. "Alemania ha hecho 200 en los últimos años, en España apenas dos retoques", ha recordado.

"Nos sometemos a la decisión de los políticos", ha añadido, pues que la propuesta de reforma se plantea "con la voluntad de transigir", hasta el punto de que en algunos casos se plantean más de una alternativa para un nuevo redactado.  "Las constituciones se defienden actualizándolas. Sin reforma no hay Constitución. Esa es nuestra maldición histórica, que nunca se ha reformado a fondo un texto sino que siempre se ha sustituido por otro", ha recordado.

En su opinión, el consenso político "no puede ser una condición previa para iniciar la reforma, sino su resultado". Y el primer artículo que se propone reformar es precisamente el que se refiere al procedimiento de reforma, ahora muy rígido.

El informe aboga por la modificación a fondo del título octavo, referido a la organización territorial de España y sugiere con claridad que "no deberían crearse más asimetrías que las inevitables". Aboga por la "integración política de la nacionalidades", por la participación de las comunidades autónomas en la Unión Europea, por clarificar con rigor la distribución de las competencias, ahora "confusa e insuficiente" y por "renovar los pactos lingüísticos".

El texto está pensado en el conjunto de España, ha recordado el también constitucionalista Eliseo Aja, pero sugiere que en el caso de Cataluña podría introducirse un artículo para "afrontar el vínculo específico" de esta comunidad. Otra cosa es con qué redactado, pues la propuesta que en su día hizo el padre de la Constitución Miquel Herrero y Rodríguez de Miñón de introducir una disposición adicional para recoger la singularidad catalana, no se considera una buena vía.

"El problema es qué metes en ese artículo y si cabe todo", ha dicho Miquel Iceta, primer secretario del PSC, que también ha participado en la presentación del informe. Josep Antoni Duran Lleida, líder de Unió Democràtica, también había anunciado su presencia pero a última hora se ha excusado por una "gastroenteritis repentina".

Iceta ha aprovechado el acto para reclamar la reforma federal que defienden los socialistas y ha afirmado que "visto con perspectiva, hubiéramos sacado más provecho con la reforma del Estatuto vigente en su día que con la reforma de uno nuevo".

La reforma también debería afectar al sistema electoral, dicen los autores del informe, con listas abiertas siguiendo el modelo alemán. También proponen revisar los principios rectores, acabar con la discriminación femenina en la Corona, así como la necesidad de mencionar expresamente el Convenio de Derechos Humanos y la Carta Fundamental de la Unión Europea.

Sobre la financiación autonómica, se propone regular de manera clara el principio de ordinalidad -que ninguna comunidad quede por detrás en el ráking de lo que recibe en relación a lo que aporta-, con el fin de "evitar agravios y conflictos". Se aboga igualmente por la descentralización del Poder Judicial, por cambiar el método de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, por rebajar a medio millón de firmas las necesarias par impulsar la iniciativa legislativa popular, así como impedir el uso discrecional del indulto con una ley actualizada.