El PP de Bizkaia denuncia falta de control de las ayudas especiales

El PP ha denunciado falta de control de las ayudas especiales para la inclusión por parte de la Diputación de Bizkaia. Según los datos que ha aportado, las arcas forales han destinado a este fin 8 millones de euros en los últimos cuatro ejercicios.

En rueda de prensa, el presidente de los populares vizcaínos, Antón Damborenea, y el apoderado en la Juntas Generales de Bizkaia, Eduardo Andrés, han hecho hincapié en que la Diputación no está llevando un control "real" y "efectivo" de estas ayudas, que están concebidas para jóvenes bajo tutela de la institución foral que pasan a ser mayores de edad. Hasta los 20 años son acogidos en pisos tutelados y posteriormente, durante 30 meses más, perciben las ayudas.

La finalidad es preparar para su integración social y laboral a estos jóvenes en riesgo de exclusión y, para ello, los mismos han de cumplir unos planes individuales de reinserción que, según han denunciado los representantes del PP, la Diputación no controla, pues deriva su seguimiento a los servicios sociales de base de los ayuntamientos.

En los últimos cuatro años, 1.978 nuevos jóvenes se han añadido como beneficiarios de estas ayudas forales. La mayor parte de ellos, 1.855, son extranjeros y, entre estos, 1.164 son procedentes de Marruecos. Más del 90% de los mismos son hombres de entre 18 y 24 años, según los datos que ha ofrecido Damborenea.

Damborenea ha advertido del peligro de "cronificación" de este sistema

El PP ha presentado una interpelación a la diputada foral de Acción Social, Pilar Ardanza, para que explique en el próximo pleno de Juntas Generales el seguimiento que la institución foral hace de estos planes y ha anunciado que, en base a su respuesta, presentará una moción con medidas concretas para dar una solución a la cuestión, como la creación de un organismo de control o la retirada de las ayudas a personas inmersas en causas penales o con faltas.

El presidente del PP de Bizkaia se ha mostrado a favor de que la Diputación vele por estos jóvenes, pero ha hecho hincapié en que ha de asumir su "responsabilidad" para que los beneficiarios puedan acceder al mercado laboral cuando finalice el periodo de tutela.

En este sentido, ha advertido del peligro de "cronificación" de este sistema y de que, si no se hace un seguimiento de los planes individuales, los beneficiarios se conformen con vivir de estas ayudas forales hasta el momento en que puedan acceder a las ayudas de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que gestiona el Gobierno vasco. Según ha señalado, si se hiciera bien la gestión de estas ayudas, lo lógico es que estas personas no tuvieran que acceder a la RGI.

Como muestra de esa supuesta falta de control foral, Damborenea ha subrayado que desde 2011 la Diputación ha enviado 8.311 notificaciones comunicando la extinción de la prestación que no se han podido entregar al interesado por encontrarse en paradero desconocido.