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Sanidad rectifica: el Carlos III tendrá unidad de enfermedades infecciosas

El hospital convoca 111 puestos de trabajo. Hará formación y simulacros

Elena G. Sevillano
Trabajadores sanitarios en la planta sexta del hospital Carlos III, donde estuvo ingresada Teresa Romero.
Trabajadores sanitarios en la planta sexta del hospital Carlos III, donde estuvo ingresada Teresa Romero. PAUL HANNA (REUTERS)

El Gobierno regional da marcha atrás definitiva en su intención de convertir el hospital Carlos III de Madrid, tradicionalmente especializado en enfermedades infecciosas, en un centro de media y larga estancia sin nada más que habitaciones en las que ingresar a pacientes de avanzada edad que tengan por delante varios días de recuperación. El hospital contará con lo que la dirección del complejo hospitalario de La Paz —en el que está integrado el Carlos III desde que se decidió transformarlo en un geriátrico—llama “unidad de aislamiento de alto nivel”. Allí atenderá a pacientes con “enfermedades altamente infecciosas”. El hospital ya ha hecho un llamamiento para cubrir 111 puestos de trabajo específicos para la nueva unidad.

La sexta planta, en la que estuvieron ingresados los tres pacientes con ébola que ha tenido España hasta el momento, será la que acoja esa unidad. Las plantas tercera, cuarta y quinta se mantendrán para hospitalizar a pacientes de media y larga estancia.

El hospital ha anunciado en su intranet que solicita 14 médicos (seis especialistas en medicina interna, seis en intensiva y dos de análisis clínicos), 8 supervisoras de unidad, 40 enfermeras, 34 auxiliares de enfermería, 4 técnicos de laboratorio, 3 técnicos de rayos y 8 celadores. Una plantilla total de 111 personas, a la que se sumará un coordinador, según detalla una resolución con fecha 26 de enero consultada por EL PAÍS.

El “equipo estratégico” —así lo llama la resolución— recibirá a partir de ahora una formación mucho más exhaustiva que la que tuvieron los profesionales del centro que se encargaron de atender a los misioneros y a la auxiliar de enfermería Teresa Romero.

Para empezar, no cualquiera podrá formar parte de él. Entre los requisitos, se pide una “valoración positiva de las condiciones de salud” y pasar una prueba práctica de “capacitación en la puesta y retirada de los equipos de protección individual (EPI)”. Precisamente son estas cuestiones, la formación y el uso de los EPI, los puntos flacos que detectó la Inspección de Trabajo cuando investigó las condiciones en las que habían trabajado los sanitarios que atendieron a los enfermos de ébola.

El hospital no parece dispuesto a cometer los mismos errores. “El personal seleccionado será formado, entrenado y evaluado de forma continua”, señala la resolución con la que el director gerente, Rafael Pérez-Santamarina, crea la unidad. Los trabajadores recibirán formación dentro de su jornada laboral. En los primeros seis meses, pasarán una semana de cada cuatro entrenándose. Posteriormente, el proceso formativo seguirá durante una semana al trimestre. A diferencia de la preparación existente antes de la crisis del ébola, en la nueva unidad se realizarán simulacros.

El informe de la Inspección de Trabajo que detectó múltiples deficiencias en el Carlos III subrayaba la inexistencia de simulacros. No se realizaron ni en la esclusa, la pequeña habitación en la que los sanitarios se quitan el traje de protección tras atender a un paciente altamente infeccioso (“donde se efectúa la acción con más riesgo de contaminación”, precisan los inspectores), ni para indicar a los profesionales cómo tratar con un cadáver infeccioso. Las hipótesis sobre el contagio de Teresa Romero sitúan el momento de mayor riesgo en el manejo post mortem del cuerpo del religioso Manuel García Viejo.

La decisión de crear la unidad acaba por fin con la incertidumbre sobre el futuro del Carlos III, y debería terminar también con la improvisación a la hora de decidir dónde tratar a los afectados de ébola —o de otras enfermedades altamente infecciosas— que puedan llegar a España en el futuro.

Era el hospital militar Gómez Ulla, y no el Carlos III, el que tendría que haberse encargado del diagnóstico y tratamiento de los casos de ébola, según recoge el informe de la inspección. El centro militar, dependiente del Ministerio de Defensa, debería haber estado preparado para atender estos casos en julio de 2014. Pero no lo estaba, y por eso, y de manera precipitada, la Comunidad de Madrid decidió habilitar la sexta planta del Carlos III.

Esta planta, la única de la Comunidad en la que había habitaciones con presión negativa y esclusas, llevaba meses cerrada porque la Consejería de Sanidad estaba en proceso de transformar el centro en un hospital de media y larga estancia —un geriátrico, según definición de algunos de sus trabajadores—. En cuestión de horas, los empleados tuvieron que limpiar y preparar una de esas habitaciones para recibir a Miguel Pajares. Meses después ingresó García Viejo.

Finalmente, en octubre, tras el contagio de la auxiliar Teresa Romero, el hospital inició de urgencia unas obras en la sexta planta para habilitar cuatro habitaciones con esclusas de mayor tamaño mientras ella aún estaba hospitalizada. Una visita de expertos del Centro de Control de Enfermedades Europeo (ECDC) había alertado de que las instalaciones no estaban diseñadas para atender emergencias de la magnitud del ébola.

El sindicato CSI-F, entre otras organizaciones, llevaba denunciando el desmantelamiento del hospital Carlos III desde que el Gobierno regional anunció sus planes de convertirlo "íntegramente en un geriátrico". Tras los casos de los dos misioneros repatriados y de Teresa Romero, siguió insistiendo en la necesidad de que el hospital volviera a convertirse en referencia para este tipo de enfermedades infecciosas. El Consejo Interterritorial de sanidad designó el centro como de referencia en Madrid para casos de ébola hace unos días.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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