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El Ayuntamiento estudia acciones legales por el reparto de contratos

La oposición en pleno denuncia la falta de cuidado del PP para evitar las prácticas multadas por la Comisión Nacional de la Competencia

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, estudia emprender medidas “legales y administrativas” contra las empresas y asociaciones multadas por Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por repartirse los principales contratos municipales de basura y limpieza viaria.

El concejal de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, ha asegurado esta mañana que el Ayuntamiento lleva “muchos meses” colaborando en la investigación de la CNMC, a la que ha aportado “toda la información relevante de aquellas licitaciones en las que pueda haber indicios de prácticas irregulares”. Según Sanjuanbenito, la resolución de la CNMC conocida ayer detalla “unos hechos muy graves que limitarían la competencia y por tanto los mejores precios a las que las Administraciones acceden a los servicios públicos de gestión externa”.

La resolución de la CNMC afecta a la gestión de residuos industriales, la recuperación de papel y cartón y el saneamiento urbano (recogida de basuras, limpieza viaria, cuidado de parques, obtención de gas del vertedero de Valdemingómez, etcétera). Tiene alcance nacional e implica a 39 empresas y tres asociaciones sectoriales. Las principales sanciones han correspondido a las empresas que controlan la mayor parte de los grandes contratos de la capital. La CNMC ha impuesto una multa de 23,3 millones a ACS, 16,8 millones a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC); 15,3 millones a Sacyr; y 13,6 millones a Ferrovial. Las empresas han anunciado que recurrirán ante los tribunales.

Sanjuanbenito ha explicado esta mañana: “Las prácticas de las que hablan no derivaban en ninguna adjudicación condicionada sino en que quedaban desiertos procedimientos del Ayuntamiento de Madrid, así que podríamos hablar más en términos de demoras, de procesos en que se han tenido que volver a sacar licitaciones”. Ha obviado, sin embargo, que en algunos de estos casos las nuevas licitaciones se hicieron por un precio superior al de aquellas que quedaron desiertas. Ha defendido en cualquier caso que el Ayuntamiento ha sido “perjudicado” por estas prácticas, que según afirma “tajantemente”, desconocía por completo.

Partido Socialista. El portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, ya avanzó ayer que estudia también “llegar a los tribunales” para esclarecer las posibles responsabilidades en este caso, y arremetió además contra el modelo de gestión indirecta impuesto por el PP: “No se puede poner la gestión de las competencias de la ciudad en manos de unas empresas privadas”. Esta mañana, el candidato socialista al Ayuntamiento, Antonio Miguel Carmona, ha reclamado la apertura de forma urgente de una investigación sobre los contratos: “O la alcaldesa, Ana Botella, investiga de manera inmediata estos concursos, o los investigaremos nosotros a partir de mayo”.

“El Ayuntamiento estaba siendo negligente a la hora de exigir a las empresas el cumplimiento de las obligaciones recogidas en los concursos. Ahora también sabemos que su negligencia ha permitido que estas empresas pacten los precios y se repartan los contratos con claro perjuicio para los intereses de los madrileños. La corporación debe reaccionar o será cómplice en este saqueo al dinero de todos los ciudadanos”, ha añadido Carmona.

Izquierda Unida. La concejal Raquel López ha censurado “el reparto del pastel” que llevan a cabo, a su juicio, las grandes empresas con los contratos municipales. En su opinión, poner los servicios públicos en manos privadas es “abrir de par en par las puertas a la corrupción de los Ayuntamientos, porque luego vienen las mordidas para agradecer a las empresas ciertos contratos”. En su opinión, las prácticas desveladas por la CNMC ocurren “desde que el mundo es mundo”, e IU lo ha denunciado “en infinidad de ocasiones”. López pone como ejemplo el “juego de subastas y repartos” que en su opinión hubo en el contrato de limpieza viaria y parques, incluido en la investigación de la CNMC. A su juicio, la solución es la remunicipalización de los servicios públicos.

Unión Progreso y Democracia. El líder municipal de UPyD, David Ortega, ha acusado al PP de convertir el Ayuntamiento en su “chiringuito”. En su opinión, el gobierno municipal no se ha preocupado de “buscar un buen precio” para los servicios públicos, de forma que son “peores y más caros”. “UPyD se compromete que esto va a cambiar radicalmente tras las elecciones porque estamos hartos”, ha concluido Ortega.

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