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Feijóo se propone despachar la corrupción con cinco nuevas leyes

“Vamos a ser una de las regiones más transparentes de la UE”, asegura el presidente

Feijóo, junto a su escaño del Parlamento
Feijóo, junto a su escaño del Parlamento

Sin arredrarse ante los sumarios judiciales que a cada poco ofrecen indicios nuevos de financiación ilegal del PP nacional y del gallego, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido pasar otra vez a la ofensiva para presentarse ante la opinión pública como el primer combatiente en la lucha por la higiene política. El líder de los populares gallegos compareció este martes en el Parlamento, en una sesión monográfica sobre corrupción a la que se venía resistiendo desde hace semanas, sin una sola mención a casos como los Gürtel, Zeta o Pokémon que alimentan sospechas sobre las finanzas de su partido. Feijóo se arrancó anunciando que había acudido allí solo a formular propuestas y detalló cinco leyes que prevé elaborar en el tiempo récord de 50 días y que, según el presidente, van a conseguir que Galicia se convierta no solo en un “ejemplo contra la corrupción” sino en “una de las regiones más transparentes de la Unión Europea”.

 En los dos años de este segundo mandato de Feijóo, han proliferado los escándalos y con ellos el Parlamento ha asistido a una apoteosis del y tú más, sobre todo en las sesiones de control al presidente. Pero esta vez Feijóo llegaba para exponer un “plan de impulso democrático” y no para enredarse en ese habitual cuerpo a cuerpo en el que no ha habido caso de supuesta corrupción en España que el jefe del Ejecutivo no haya mentado para defenderse de los ataques de sus rivales. Esta vez tocaba un discurso constructivo, y el presidente lo hizo explícito: “Esto no va a ser un rosario de acusaciones. No voy a caer en el y tú más”.

Comedido e institucional, Feijóo empezó esta vez pidiendo disculpas tanto por la corrupción en sí o por haber “confiado en personas que no lo merecían” como por haber “generalizado” para atacar a sus adversarios. Y quiso subrayar que nadie está libre de pecado en este asunto: “No es justo extender la crítica al conjunto, pero la corrupción afecta a todos los partidos y a todas las ideologías”. Dentro de ese tono de benevolencia con que abrió el debate también hubo lugar para un reconocimiento a los jueces y a los medios de comunicación por su vigilancia sobre las conductas políticas reprobables.

Las medidas de Feijóo para tratar de difuminar las salpicaduras de los casos judiciales consisten en un paquete legislativo presentado con el eslogan Cinco leyes y 50 medidas en 50 días. La primera, una nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno que sustituirá a la aprobada en 2006 por el bipartito de socialistas y nacionalistas con el apoyo del PP. Feijóo promete un portal de Internet de acceso a información pública más avanzado, normas para regula el derecho de los ciudadanos a obtener documentos de la Administración y sanciones para los altos cargos o entidades que no divulguen sus datos. También se cambiará la ley del Consello de Contas para dotar de más atribuciones a ese órgano fiscalizador y se regulará la participación ciudadana en el Parlamento con el propósito de que la gente pueda incluso hacer llegar preguntas al Gobierno. Feijóo anunció una ley específica para regular en qué casos altos cargos y empleados públicos tienen derecho a asistencia jurídica facilitada por la Administración. Y además se propone elaborar por primera vez una ley propia de financiación de los partidos, un asunto actualmente regulado por una norma estatal. De momento, la Xunta ha preguntado al Consello Consultivo si tiene competencias para promulgar esta ley que persigue prohibir las donaciones de “personas jurídicas” a los partidos.

Tanto el presidente como el portavoz del PP, Pedro Puy, reiteraron sus llamamientos a la oposición para pactar estas leyes, pero de los escaños contrarios al Gobierno lo que le llegó fue más bien escepticismo. Todos le recordaron los casos que golpean a su partido y le acusaron de no haber aclarado nunca sus relaciones con el narcotraficante Marcial Dorado o con el empresario Pachi Lucas, supuesto conseguidor de la trama de los cursos de empleo falsos. “Usted no tiene credibilidad”, la fueron espetando uno a uno todos los portavoces, empezando por las del Grupo Mixto. “Ha venido aquí a hablar de lo abstracto para eludir lo concreto”, le reprochó el socialista José Luis Méndez Romeu, quien señaló que la corrupción se combate “más con ética pública que con leyes”. El PSdeG no se negó al diálogo como tampoco el BNG en lo referente a la ley de financiación de partidos, aunque el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, pidió, sin obtener respuesta, que la norma prohíba los donativos no solo de empresas sino de sus principales ejecutivos y accionistas. “La lucha contra la corrupción no se predica, se practica”, reprochó Jorquera a Feijóo. El líder de AGE, Xosé Manuel Beiras, parafraseó con ironía a José María Aznar —“ahora que retorna”— para exclamar: “¡Váyase, señor Núñez!”. “Es una indecencia”, remachó Beiras, “que venga aquí a erigirse en el árbitro de la ética”.

Polémica sobre Povisa

El portavoz socialista, José Luis Méndez Romeu, censuró que Feijóo presente ahora medidas de transparencia cuando su conducta, según él, ha sido la contraria. El miembro del PSdeG acusó al presidente de haber ignorado hasta 40 solicitudes de su grupo para comparecer en la Cámara y de no haber contestado a 300 peticiones de documentos públicos. Y puso un ejemplo: “Ni siquiera conocemos el contrato más alto de la legislatura, el concierto con Povisa, 724 millones de euros”.

El acuerdo del Sergas con el hospital privado se había mantenido en secreto pese a las peticiones de la oposición. Finalmente, hasta el propio Grupo Popular solicitó que se divulgase. Y Pedro Puy, el portavoz del PP, afeó sus afirmaciones a Méndez exihibiendo desde la tribuna los folios del acuerdo impresos desde la web del Sergas. Feijóo no dejó pasar la oportunidad para amonestar al socialista e incluso le recomendó que “cambie de colaboradores”.

El documento, efectivamente, ya se puede consultar en la página web del Sergas, aunque no es fácil localizarlo: se necesita un número clave del contrato que en su día fue publicado en el Diario Oficial de Galicia.