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El grueso del ‘caso Gürtel’ en Valencia se retrasa otro año

El choque entre la Fiscalía Anticorrupción y el TSJ sobre quién debe juzgar cinco piezas separadas de la causa demorará el enjuiciamiento

El juez José Flors, el primero en instruir Gürtel, y la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva.
El juez José Flors, el primero en instruir Gürtel, y la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva.

Cuando todo parecía listo para el enjuiciamiento del caso Gürtel en Valencia, la discrepancia entre la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana sobre qué órgano debe encargarse de hacerlo elevará el asunto al Supremo y provocará un nuevo retraso cercano a un año en cinco de las seis piezas del procedimiento, según confirman varias fuentes. La consecuencia será que en 2015 solo podrá juzgarse la pieza separada centrada en las adjudicaciones de Fitur, en el que las exconsejeras Milagrosa Martínez y Angélica Such se enfrentan a 11 años de cárcel y siete años de inhabilitación respectivamente y que empezará en marzo. En torno a esta pieza no existe polémica porque el Tribunal Supremo zanjó hace poco una discusión competencial similar.

El desencuentro entre la Fiscalía y la sala Civil y Penal del TSJ, que en líneas generales mantienen buena sintonía, es irreconciliable, según las mismas fuentes. Y se centra en qué órgano debe enjuiciar las otras cinco piezas separadas de la vertiente valenciana del caso, incluida la relativa a la supuesta financiación ilegal del PP regional.

El Tribunal Superior, presidido por Pilar de la Oliva, considera que el juicio debe celebrarse en la Audiencia Provincial de Valencia, porque la dimisión de todos los diputados populares imputados en la causa ha hecho que deje de haber aforados. Anticorrupción entiende, en cambio, que la rama valenciana del caso Gürtel debe ser abordada como un único procedimiento, porque sólo fue dividido en piezas para facilitar su tramitación, y que por tanto las cinco piezas deben permanecer en el mismo órgano que la de Fitur. Esto es, ser enjuiciadas en el TSJ aunque no haya aforados.

Las fuentes desligan las posiciones de ambas partes de cálculos políticos sobre el momento de celebración del juicio. Y destacan que las posturas tanto de Fiscalía como del TSJ vienen de lejos, y que lo único que harán una y otro será ser coherentes con lo que han defendido en resoluciones judiciales y escritos.

El resultado evitará, en todo caso, que el PP valenciano encadene juicios del caso Gürtel en 2015, un año con elecciones locales, autonómicas y generales. El partido seguirá teniendo pese a ello numerosos frentes judiciales en los próximos meses.

Hace casi un año, Anticorrupción adelantó su postura al recurrir la decisión del TSJ de enviar a la Audiencia de Valencia el juicio de la pieza de Fitur. La Fiscalía dijo que "debía procederse a la tramitación conjunta en un mismo procedimiento sin perjuicio de la formación de piezas". El ministerio público, que funciona de forma jerárquica y en este caso la estrategia se marca en la sede central de Anticorrupción en Madrid, también se pronunció a favor de la "unidad de procedimiento" para "preservar la seguridad jurídica, garantizar la actuación del juez predeterminado por la ley y evitar pronunciamientos contradictorios" dentro de una misma causa.

En el Tribunal Superior prevalece la idea de que carece de competencia para enjuiciar un asunto en el que no hay aforados (miembros del Consell y de las Cortes Valencianas), porque esa es la condición que define el ámbito de actuación del órgano judicial. Si asumiera los juicios, apuntan fuentes jurídicas, se arriesgaría a que futuros recursos a Tribunal Supremo tumbaran, por una cuestión competencial, los resultados de un procedimiento iniciado por el juez Baltasar Garzón en 2008.

El escenario del caso consistirá, según señalan las fuentes, en que el TSJ mantendrá el criterio que ya siguió en la pieza de Fitur y decidirá remitirlo a la Audiencia de Valencia. Anticorrupción interpondrá un recurso ante el Supremo, como también hizo respecto a Fitur, aunque en aquella ocasión el núcleo de la discusión residía en si podía cambiarse de tribunal una vez dictada la apertura del juicio y habiéndose señalado las fechas de celebración.

Por rápido que vaya, prosiguen las fuentes, el Supremo tardará meses en resolver la cuestión. Y una vez resuelva dónde deben juzgarse las piezas, el órgano seleccionado aún tendrá que buscar las fechas para celebrarlo y señalarlas. Todo ello, concluyen, hace virtualmente imposible que el inicio de las sesiones se produzca antes de 2016.

El efecto práctico del nuevo retraso será, aún así, menos pronunciado de lo que parece a primera vista. El juicio de Fitur está señalado desde el 31 de marzo hasta octubre. Como buena parte de los acusados son los mismos que en las demás piezas, caso de los supuestos cabecillas de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, El Bigotes, entre otros, el siguiente juicio de la causa no podría empezar hasta que el de Fitur haya terminado.

El antecedente de Nóos

I. ZAFRA

La Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia han estado de acuerdo en casi todo en los últimos años. Esa unidad de acción ha tenido excepciones relacionadas sobre todo con la competencia para investigar y enjuiciar el caso Gürtel, lo que ha llevado el asunto más de una vez al Tribunal Supremo provocando retrasos.

En el último caso, relativo al juicio de Fitur, la complejidad procesal de la discusión entre Fiscalía y TSJ llevó al alto tribunal a convocar un pleno no jurisdiccional en el que participaron todos los magistrados de la Sala de Lo Penal del Supremo y en el que quedó fijada una solución común para casos similares: una vez que se ha dictado la apertura de juicio oral, la competencia de un órgano judicial resulta inamovible aunque los acusados que eran aforados dejen de serlo.

El otro asunto trascendente en el que la Fiscalía y el TSJ chocaron fue el caso Nóos. El ministerio público defendió que para imputar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el Tribunal Superior debía hacerse cargo de todo el procedimiento instruido en Palma por el juez José Castro en Palma. Ello suponía hacerse cargo no solo de la investigación de los supuestos delitos cometidos en Valencia, sino también de los de Barcelona y Baleares, y el TSJ lo rechazó.