Absueltos dos guardias procesados por corrupción en el ‘caso Macedonia’

El caso Macedonia, una compleja investigación sobre corrupción en casi todos los cuerpos policiales que operan en Cataluña, arrancó el 28 de mayo de 2009. La Guardia Civil recibió el soplo sobre una inminente entrega de droga. Juan Miguel Bono, el presunto traficante, apareció esa misma tarde en el lugar señalado —la calle del Trabajo de Barcelona— y, tras apearse de su moto, recogió 29 paquetes del maletero de un coche. Los agentes le detuvieron. Y sus superiores redactaron un atestado en el que detallaban que parte de los 54 kilos incautados eran, supuestamente, cocaína y otras sustancias estupefacientes.

El juez Joaquín Aguirre sospechó de la actuación de los guardias cuando el Instituto Nacional de Toxicología determinó que apenas un kilo del supuesto alijo era realmente cocaína; el resto contenía yeso y azúcar. E imputó a una quincena de ellos por tráfico de drogas y asociación ilícita, entre otros delitos. Había nacido el caso Macedonia, que se hizo más y más complejo hasta alcanzar también a mossos, policías nacionales y narcos. La mayoría de guardias fueron exculpados antes de llegar a juicio. Salvo dos: el teniente Francisco P. y su subordinado sargento Raúl J., que han sido procesados (y finalmente absueltos) por falsear aquel atestado, como recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El juez acusó a los mandos de saber de antemano que la droga era falsa

El teniente y el sargento son los primeros implicados en el caso que llegan a juicio. Su absolución —durante la investigación tuvieron el teléfono intervenido— supone un revés para la causa, que desde la primavera de 2011 mantiene imputada prácticamente a parte de la unidad anticorrupción de los Mossos d’Esquadra que, en su día, había dirigido las pesquisas. El juez Aguirre también acabó sospechando del subinspector Antoni S. y de cinco subordinados por haberle ocultado la identidad de un confidente policial que, presuntamente, estaba involucrado en la banda de traficantes. El supuesto protegido por los Mossos es Manuel Gutiérrez Carbajo, un confidente policial que fue clave para desmantelar, entre otros escándalos, la corrupción de miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en torno a los prostíbulos Riviera y Saratoga, de Castelldefels. El confidente sostiene que el chivatazo fue una venganza para perjudicarle. El fiscal no ve delito en la actuación de los Mossos, cuya imputación está ahora en manos de la Audiencia de Barcelona.

En el caso Macedonia también están implicados un subinspector y otros agentes de los Mossos que, presuntamente, recibieron regalos a cambio de facilitar información a la banda. La causa ha generado, de rebote, un gran malestar entre cuerpos policiales. En febrero de 2012, los Mossos registraron la joyería Rabat para saber si el confidente compró relojes a mandos del CNP como pago por supuestos favores. Meses más tarde, la Policía irrumpió por orden del juez en la sede central de los Mossos para obtener copias de las escuchas que, según el magistrado, le fueron hurtadas.

La sentencia que absuelve a los dos guardias relata que aplicaron los reactivos químicos al material intervenido e indicaron, en el atestado, que podía ser cocaína y anfetamina. El fiscal les acusó de falsedad por imprudencia y pidió el pago de una multa de 1.440 euros y seis meses de suspensión de empleo público.

Los magistrados señalan que el teniente —defendido por los abogados Judit Gené y Javier Melero— habló de “supuesta” droga en el informe, por lo que expresó sus dudas. La aparición de un kilo de cocaína, señalan, “justificaba la actuación policial”. La resolución rechaza, además, que los guardias conocieran de antemano que se tratara de una “encerrona tendida al detenido por desconocidos” o que no hubiese droga. Lo supieron días después a través de sus superiores, que habían sido informados por el confidente Carbajo de que la droga era mala.