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La juez investiga presiones del PP de Ourense para callar al exgerente

Emilio Pascual relata a De Lara presuntas malversaciones en la Diputación

José Manuel Baltar abraza a su padre, en una imagen de 2012
José Manuel Baltar abraza a su padre, en una imagen de 2012nacho gómez

La juez instructora del caso Pokémon, Pilar de Lara, ha abierto nuevas diligencias en relación con el PP de Ourense —del que investiga su supuesta financiación ilegal— para determinar si este partido pudiera estar cometiendo un delito de obstrucción a la justicia mediante presiones al exgerente Emilio Pascual, que en su día denunció ante ella, en calidad de testigo, la existencia de una caja b. Según recoge en un auto fechado ayer, a la vista de una declaración voluntaria de Pascual el pasado día 19 manifestando “sentirse presionado” por el partido para que se “retracte” de sus declaraciones testificales sobre la financiación, De Lara ha librado oficio al PP de Ourense para que informe si ha abierto, o está en vías de hacerlo, expediente disciplinario, sancionador o de expulsión al exgerente, que en esta última comparecencia judicial se reafirmó en sus denuncias anteriores y realizó otras nuevas que el auto no precisa.

 Pascual —que fue gerente provincial del partido durante 27 años— denunció ante la juez “nuevos hechos delictivos cometidos por personal del PP y la Diputación” Provincial que “pudieran ser constitutivos de un presunto delito de malversación sin perjuicio de ulteriores calificaciones jurídicas”, sostiene el auto. A este respecto, considerando que “tales hechos no tendrían relación” con los investigados en la causa actual, la juez acuerda la apertura de diligencias previas para su inhibición al órgano jurisdiccional correspondiente. Con la práctica de las nuevas diligencias abiertas respecto a la investigación de la supuesta financiación ilegal del PP ourensano, la instructora pretende “adoptar medidas de protección necesarias al testigo”. En su oficio al PP, De Lara reclama datos relativos a la fecha de apertura del expediente sancionador anunciado por su presidente provincial, José Manuel Baltar, a los órganos o personas que decidieron su incoación y al estado actual del expediente.

Pide además la instructora copia íntegra de ese documento y reclama que se le informe sobre la existencia de otros expedientes disciplinarios, sancionadores o de expulsión de otros afiliados que figuren como imputados o que hayan sido condenados en causas judiciales. Asimismo, además de demandar que se le informe sobre la identidad de los trabajadores de la sede del PP de Ourense, la juez reclama que se le comunique si el partido ha entablado alguna acción judicial contra Pascual, ya sea en vía civil o penal, remitiendo en su caso copia de las mismas.

Tras la declaración testifical inicial en la que Pascual denunció la existencia de la supuesta caja b en el PP de Ourense durante la presidencia del primero de los Baltar, De Lara recabó documentación de empresas de la provincia que, según la denuncia, podrían haber colaborado en la financiación ilegal del partido. En un auto fechado en diciembre, De Lara sostenía que, a partir de 2011, con el segundo de los Baltar ya al frente del PP de Ourense “se ha podido seguir con idéntico sistema [de supuesta financiación ilegal]” que el que la instructora sospecha que se llevó a cabo durante la presidencia de su antecesor.

Hasta el momento, José Manuel Baltar se ha limitado a rechazar la financiación ilegal y a cargar contra el exgerente. Expresando en todo caso su “máxima colaboración” con la justicia, el presidente del PP de Ourense ha descalificado el origen de la investigación que, además de a él, afecta a una veintena de cargos institucionales de este partido en la provincia.

“Solo conozco que [la investigación judicial] tiene su raíz en las declaraciones de una persona contra la que ya se tomaron medidas, pues el comité ejecutivo del PP decidió apoyar unánimemente acciones contra él”, argumentó Baltar, también presidente de la Diputación, en una de sus últimas valoraciones públicas sobre este asunto. Baltar advirtió que Pascual respondería de sus denuncias, ya que el PP estaba decidido a aplicar “toda la contundencia de la ley” contra el exgerente por sus declaraciones ante De Lara y por la repercusión pública que estas tuvieron.

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