Pobre por una deuda de 1997

A Luis Maquieira se le vino abajo la realidad antes de cumplir los 60. Las malas inversiones en el ladrillo en los noventa le arruinaron y lo perdió todo. Ahora tiene 76 años, vive solo en Pontevedra y la única constante en su vida es la pensión no contributiva que cobra a principios de mes. Los bancos le dejaron en paz todo este tiempo, hasta que el año pasado Abanca se acordó de una deuda por un préstamo en 1997 de 1,6 millones de pesetas (9.600 euros). Desde el verano le ha retenido dos veces el ingreso para obligarlo a negociar un plan de pagos. La pensión es de 365 euros.

Maquieira recuerda que cuando le dieron el préstamo en Caixa Galicia su situación ya era precaria, pero cuando se arruinó le tranquilizaron: “Si no tienes nada qué vas a pagar”. 18 años, una crisis financiera y una privatización después la actitud de Abanca, sucesora de la caja, difiere sensiblemente. Por ley, una pensión tan baja no se puede embargar, pero como la cuenta con sus impagos de otros tiempos está en la misma entidad, un día que fue a la sucursal a actualizar la libreta le comunicaron que le retenían el ingreso en tanto no hablase con un oficinista. “Vamos a negociar”, le dijeron. Maquieira montó en cólera, los clientes empezaron a murmurar y el banco reculó.

Aquello fue en verano, coincidiendo con el ingreso extraordinario de la pensión. En invierno se encontró con la misma maniobra. Él dice que no aceptó el chantaje —“una cosa es negociar limpiamente y otra como los mafiosos”— pero Abanca asegura que pactó, verbalmente, ceder 50 euros mensuales para ir saldando la deuda, que con los intereses pasa ya de 30.000 euros. Hasta hace un mes vivía en una residencia de la Xunta por la que pagaba 314 euros. “Era el infierno. Nos hacinaban”. Consiguió un alquiler por 300 y para todo lo demás tiene 51 euros. “Ni para medicinas, ni para unos zapatos. Vivo en la miseria”, describe, bastante molesto también con los recortes en la medicación para el glaucoma. Necesita tres gotas diarias; el Sergas cubre una.

No constan explicaciones concretas por las que una entidad decide apretar las tuercas a un cliente insolvente al que ha dejado tranquilo casi dos décadas. En Abanca indican que el hombre tenía varias deudas que ya se le habían reclamado y otros litigios abiertos. Iria Aguete, de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), apunta que con las privatizaciones de las cajas y las absorciones es frecuente que se reactiven cobros de deudas. Sobre la jugarreta con la pensión, señala que es una práctica abusiva ya censurada por el Banco de España y que las entidades las incluyen ahora en las condiciones de los contratos. Abanca dice que ha obrado legalmente. Para despejar la cuestión habría que ir a juicio y Maquieira no tiene para tanto, y menos tras la subida de las tasas. Cambiar la cuenta a otra entidad solucionaría el entuerto, pero la Administración tarda meses en aplicarlo y no se puede permitir la espera.