Compromís denuncia una concesión del puerto de Sagunto

Compromís denunció el pasado 7 de enero a la fiscalía “presuntas irregularidades” relacionadas con la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). El diputado en el Congreso Joan Baldoví y la concejal en Sagunt de esta formación Teresa García aseguraron este jueves que la APV ha “perdonado” 83 millones de euros a la sociedad concesionaria del muelle de graneles de Sagunto, que está participada al 50% por Cyes y Tarragona Port Services.

Según la formación, la entidad portuaria ha permitido la extinción de la concesión sin que la empresa cumpla con sus deberes económicos: una inversión comprometida de 61 millones de euros, la devolución de 22 millones de garantías, además de los 31 millones dedicados por el puerto a la construcción de un muelle que está vacío.

La edil acusó a la APV de “hacer un uso indebido de fondos públicos” por haber “renunciado a cobrar esos 61 millones e invertir 31 millones en unas instalaciones para dejarlas sin uso” y reclamó “mayor autonomía de la gestión del puerto de Sagunto”, frente a la situación actual en la que consideran que el municipio “no tiene ni voz ni voto, sólo un voto testimonial”.

La formación denuncia también que el puente de Astilleros, parte del circuito de la F1, no se adjudicó, como ha dicho el Gobierno, a la oferta más barata, pues había dos más ventajosas. La construcción del puente acumuló unos sobrecostes del 20% y Valmor que debía haber sufrado el 50% del precio soplo desembolsó un 16%.

Respecto a la Fundación Valenciaport, Baldoví tildó de “escandaloso que el coste por empleado de la treintena de trabajadores del Grupo 1 pasase de 32.000 euros en 2005 a 53.000 en 2013, lo que supone un aumento del 75% en plena crisis.

"Más equiparable a Wall Street que al Grao"

A su vez, el alquiler abonado a la APV por tener su sede en la Antigua Escuela de Aprendices se incrementó de 63.000 euros en 2005 a 410.000 euros en 2009, "costes más equiparables a la City londinense o a Wall Street que al Grao de Valencia", ha apostillado.

A preguntas de los medios, ha señalado que esperan que su denuncia se acumule a la investigación del juzgado de instrucción número 14 de Valencia --que también partió de Fiscalía-- sobre presuntas irregularidades en la gestión de la APV y en la que están imputados su presidente, Rafael Aznar, dos directivos y un técnico contable.

"El puerto es una fuente inagotable de sorpresas desagradables para los valencianos y lo que queremos es que estos comportamientos que se han producido durante estos años se acaben", ha subrayado Baldoví, quien pretende que "esta denuncia se acumule con todas las otras para que todas estas irregularidades se sepan, se depuren, la gente que tenga que pagar, que pague, y no vuelva a suceder nunca más que, con dinero público, se hagan estas grandes fiestas".