Sánchez-Camacho: “Van a ser nueve meses de fraude”
La popular anuncia que el Gobierno de Rajoy no va a permitir que Mas gaste ni un "euro" en estructuras de Estado


Alicia Sánchez-Camacho ha augurado que el tiempo que resta de legislatura hasta el 27 de septiembre van a ser "nueve meses de fraude" que se van a convertir en la campaña electoral más larga de la historia utilizando medios públicos. La popular ha tachado de "error" la convocatoria electoral y ha vaticinado que Artur Mas va a lanzar una operación de propaganda secesionista en la que va a seguir tergiversando la historia y engañando a los catalanes. La senadora ha advertido además de la falta de consistencia del acuerdo entre Artur Mas y Oriol Junqueras y ha apuntado que es solo una "unidad forzada, artificial y ficticia" de cara a la galería y a contentar a los independentistas. "Las heridas entre los dos dirigentes son muy grandes", ha subrayado.
Tras insinuar que por tercera vez volverá a ser candidata a unas elecciones autonómicas, Camacho ha instado a que la "Cataluña silenciosa" que no quiere la secesión despierte y se vuelque en estas elecciones. En una dura crítica, la popular ha descalificado a Mas a quien ha considerado el "peor" presidente de la historia de Cataluña por su incompetencia para gobernar y porque su mejor valor es el de convocar elecciones cada año y medio. "Todo el acuerdo busca su supervivencia política y en tapar las vergüenzas del caso Pujol", ha afirmado vaticinando que Esquerra votará este viernes en contra en la comisión sobre la corrupción de la comparecencia de Mas.
La senadora ha señalado que el Partido Popular no va a permitir que el Gobierno catalán gaste ni "un euro" en desplegar las estructuras de Estado que se incluyen en el acuerdo como las de la Hacienda Catalana y la de planificar una futura Seguridad Social en una Cataluña independiente. La popular ha lamentado que Mas prometa cosas "que no puede cumplir" y le ha instado a que no engañe porque la actual red Tributs de Catalunya se dedica solo a recaudar los impuestos propios y los cedidos por el Estado. Tras insinuar que si se ejecutan esos proyectos podría comportar un delito de malversación de fondos públicos, la popular ha señalado que el Gobierno hará cumplir la ley. Con todo, la popular va con pies de plomo desde que anticipó los delitos de la querella de la Fiscalía contra el 9N y no ha dicho explícitamente que piensen recurrir a los tribunales.
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