El juicio de Fitur del ‘caso Gürtel’ coincidirá con la campaña electoral
Milagrosa Martínez, expresidenta de las Cortes y alcaldesa de Novelda, entre los acusados
El juicio del caso Gürtel sobre las adjudicaciones de Fitur empezará el 31 de marzo, concluirá en octubre y se solapará con la campaña de las elecciones autonómicas y locales previstas para mayo. Entre los acusados que se sentarán en el banquillo estará la exconsejera de Turismo, expresidenta de las Cortes Valencianas y todavía alcaldesa de Novelda con el PP, Milagrosa de Martínez, para quien la fiscalía ha solicitado una pena de 11 años de cárcel.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, que es donde se celebrará el juicio por decisión del Tribunal Supremo, están previstas 37 sesiones, incluido algún sábado y el 3 de agosto, un mes habitualmente inhábil. Las declaraciones de los acusados empezarán el 10 de abril. En el banquillo se sentarán los presuntos cabecillas de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Y varios excargos públicos, entre ellos la exconsejera de Turismo y diputada Angélica Such. El último día programado para el juicio es el 8 de octubre.
La Fiscalía y la acusación popular que representan los socialistas acusan a los exresponsables de la Generalitat y a los miembros de la red Gürtel de amañar las adjudicaciones del diseño y montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en la feria turística Fitur entre 2005 y 2009 por un importe total cercano a los cinco millones de euros.
Las sesiones del juicio empezarán finalmente un año después de lo que estaba previsto. Cuando el calendario ya estaba fijado y faltaban días para que arrancaran los interrogatorios a los acusados, Martínez, a quien la trama Gürtel se refería como La Perla en las conversaciones grabadas por la policía, y Such dimitieron como diputadas en las Cortes Valencianas.
Al haber dejado de ser aforadas, el TSJ consideró que dejaba de ser competente y remitió el caso a la Audiencia Provincial de Valencia. La Fiscalía entendió, sin embargo, que las dimisiones escondían un "fraude de ley", la voluntad de cambiar de tribunal a su antojo, y recurrió esa decisión al Tribunal Supremo para mantener el juicio en el TSJ.
El Supremo dio hace unas semanas la razón a la Fiscalía después de un largo debate en el que aprovechó para establecer que los procesos en los que haya aforados no podrán cambiar de tribunal, aunque los sujetos pierdan tal condición, una vez que se haya producido la apertura de juicio oral.
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