Un juez desestima la demanda contra los créditos ‘swap’ de la incineradora

50 millones, 60 o 64 son algunas de las cantidades que se han barajado como obligación de pago por parte del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) por unos créditos swap contraidos para blindar financieramente la construcción de la incineradora de Zubieta. Esas cifras son el resultado del pago de más de 600.000 euros al mes, según el último cálculo del propio GHK, y que deberá abonar a pesar de que la Diputación de Gipuzkoa, en manos de Bildu, decidiera definitivamente en julio de 2013 no construir la planta.

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de San Sebastián desestimó ayer en una sentencia, dictada por el juez Héctor López, la demanda interpuesta por GHK contra estos créditos, un producto financiero “complejo”, según los expertos, “especulativo y tóxico”, según el Consorcio, y cuya finalidad es cubrir las variaciones de los tipos de interés de los créditos contraidos para la construcción de la incineradora. Si a principios de 2013 GHK sólo había dispuesto de 9,7 millones de los 500 totales para la construcción de la planta, incluidas las operaciones financieras, los créditos swap obligaban entonces al Consorcio a abonar unos intereses correspondientes a una inversión de 98 millones, en función del calendario de trabajos fijado de antemano y que Bildu paralizó.

Con la resolución judicial en la mano, que da la razón a las entidades con las que se firmaron esos créditos, La Caixa y, entonces, Banesto, GHK remitió ayer un comunicado en el que aseguraba que “Gipuzkoa se ahorrará 250 millones de euros por no construir la planta incineradora”. El Consorcio apuntó que el plan de residuos de Bildu asciende a un total de 250 millones frente a los 500 de la incineradora.

“Paralizar la planta fue una decisión acertada, tanto desde el punto de vista medioambiental, como económico”, añadía el texto, a pesar de que, el Consorcio abona, a día de hoy, 670.000 euros al mes por los swaps. La cantidad varia en función de los tipos de interés. GHK, que interpuso su demanda en mayo de 2013 contra las dos entidades bancarias y Price Waterhouse, que asesoró la operación, pagaba entonces al mes 400.000 euros.

Gipuzkoa paga al mes 670.000 euros por una planta que no se va a construir

“La cuestión esencial no son la totalidad de los riesgos que pueden concurrir, sino si aquellos riesgos [...] eran conocidos o no por quienes contrataron, y es en este punto donde la cuestión debe centrarse única y exclusivamente en la existencia del riesgo político, es decir, la posibilidad de que finalmente no se realice la infraestructura, algo que, como hemos visto en ningún momento se planteó al realizar la contratación”, recoge la sentencia.

El organismo, que se negó a hacer publica la sentencia, responsabilizó a los anteriores gestores de GHK, en concreto a Carlos Ormazabal (PNV) y Denis Itxaso (PSE), de los créditos contraidos. Además, del montante final que deba abonar por los swaps, GHK pagó 13 millones a las empresas adjudicatarias de la obra tras la paralización de la misma, ocho en concepto de indemnización, y la cantidad restante por los trabajos ya hechos.

Por su parte, el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, archivó provisionalmente el pasado febrero la investigación que abrió para determinar si la paralización podía constituir un delito de prevaricación o malversación. Calparsoro consideraba en su escrito que era necesario esperar a que se conociera “el importe final de las indemnizaciones e intereses a satisfacer por las arcas públicas”, así como la resolución de otros procedimientos abiertos, entre ellos, el que se ha saldado con la desestimación de la denuncia de GHK.