La operación Mate y el Supremo ensombrecen el proceso de paz
La posición dura de Madrid complica la estrategia de Sortu y el Gobierno vasco
El proceso de paz se haya inmerso en una de sus semanas más desalentadoras. La operación Mate y el fallo del Tribunal Supremo contrario a la acumulación de penas a presos de ETA confirman la clara imposición de una línea de mano dura durante la existencia de la banda terrorista que desalienta las expectativas a medio plazo de todos los sectores concernidos en el País Vasco. Además, la masiva y rápida puesta en libertad de los detenidos el pasado lunes y la incautación por la Guardia Civil en la sede del sindicato LAB del dinero recaudado en la última manifestación de Sare alientan, principalmente, un escenario político de tensión, propio del período anterior al anuncio del final de la violencia.
La izquierda abertzale ha coincidido con el PNV y el lehendakari, Iñigo Urkullu, en mostrar su profundo malestar político por esta sucesión de acontecimientos rodeados de una lógica proyección mediática, y que se producen en vísperas de la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), del 24 de enero en Madrid, donde se anuncian críticas por los incumplimientos del Gobierno de Mariano Rajoy hacia este sector. Urkullu calificó ayer de “mediática” la operación judicial y policial mediante una entrada en su perfil de Facebook. El lehendakari sostiene que las personas detenidas “podían haber sido citadas e interrogadas con procedimientos más adecuados”.
De momento, Sortu y el Ejecutivo vasco encajan que la finalidad pretendida con las detenciones por sus impulsores y la sentencia posterior del Supremo golpean la esencia de sus respectivas estrategias sobre la viabilidad del proceso de paz. La izquierda soberanista, de un lado, ve cómo se enquista aún más la encrucijada del colectivo de presos de ETA al tiempo que aumenta la presión de familiares de los reclusos cada vez más escépticos porque sienten cómo se cierran las puertas a supuestos beneficios penitenciarios que creyeron factibles tras el anuncio del final de la violencia. A su vez, el Gobierno vasco siente el evidente ninguneo de Madrid hacia sus incansables esfuerzos de diálogo y en favor de una particular reinserción mientras digiere el malestar que le causado no haber sido informado de la operación Mate en una clara demostración de la nula confianza que se le dispensa desde Interior.
En paralelo, la Guardia Civil ha llamado a declarar a algunas de las 18 personas detenidas en el País Vasco en septiembre de 2013 en el País Vasco por pertenecer a Herrira, el colectivo de apoyo a los presos de ETA, a quienes investiga ahora por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. El entonces miembro de Herrira en Navarra, Sergio Labayen, uno de los arrestados en la operación de 2013, informó de que la Guardia Civil llamó este miércoles a declarar en el cuartel de Intxaurrondo a los arrestados en Gipuzkoa, mientras que los navarros deberán acudir este jueves a la comandancia del Instituto Armado y los de Bizkaia están citados después en el cuartel de la Salve. Estas personas fueron detenidas en septiembre de 2013 y puestas en libertad posteriormente con cargos de pertenencia a banda armada financiación y apología del terrorismo.
Fijado para el 29 de enero el juicio aplazado contra cargos ‘abertzales’
Y sin apenas tregua para el entorno abertzale, la Audiencia Nacional ha señalado para el próximo 29 de enero el juicio a 35 acusados de pertenecer a ETA a través de las ilegalizadas Batasuna, PCTV y ANV, que fue suspendido el lunes precisamente a causa de la detención ese mismo día de tres de las abogadas defensoras en la operación contra el denominado “frente de cárceles” de ETA.
Sin expectativa alguna, por tanto, para imaginar un ligero avance en el proceso de paz, las fuerzas abertzales se han refugiado en las movilizaciones como método de respuesta que reproduce una fotografía de situación históricamente conocida en Euskadi. Así, la mayoría sindical ha convocado para este jueves concentraciones en las capitales vascas para denunciar la operación policial del pasado lunes. En el acto de protesta previsto en Bilbao, participarán la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, y la secretaria general adjunta de ELA, Amaia Muñoa. Será el preámbulo de la manifestación anunciada para el sábado en San Sebastián y a la que ayer se unió Sare, indignada al comprobar que el dinero recaudado durante la manifestación que había convocado fue incautado por la Guardia Civil dentro de la operación Jaque.
Sare solicitó este miércoles a la Audiencia Nacional que le sea devuelto el dinero incautado, que ascendía a casi 90.000 euros repartidas en 150 bolsas con el nombre de esta red socia. Así lo explicaron Joseba Azkarraga y Arantza Aldezabal, respaldados por casi un centenar de personas en un acto donde informaron de que han abierto una cuenta para recoger donaciones y poder pagar los gastos de la manifestación, que iban a costear con el dinero requisado por la Guardia Civil. Además, precisaron que LAB no tiene responsabilidad alguna en el depósito del dinero porque depositaron la recaudación en la sede de este sindicato en base a razones operativas al encontrarse cerrados los bancos un sábado por la tarde y también geográficas ya que el local del sindicato está muy cercano a la plaza de Zabalburu, donde terminó la marcha.
Precisamente la ejecutiva de LAB denunció “la indefensión” de este sindicato por el registro sufrido el pasado lunes en su sede central de Bilbao. En su respuesta a la operación Mate, la secretaria general de esta central abertzale, Ainhoa Etxaide, criticó la falta de apoyo por parte del Gobierno vasco, CC OO y UGT tras la operación de la Guardia Civil, que según ha asegurado se incautó también de 1.800 euros de su organización.
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