Ourense se sume en una nueva crisis a cinco meses de las elecciones

La concejal de Urbanismo y teniente de alcalde de Ourense, la socialista Áurea Soto, ha cedido ante el código ético del PSOE que obliga a abandonar a cualquier cargo público que sea llevado a juicio, pero su procesamiento por presunta prevaricación abre una nueva crisis en el gobierno local a cinco meses de las elecciones municipales. La edil anunció ayer un “decreto” del alcalde que le retira las competencias que gestionaba hasta ahora así como la “entrega del acta de concejal” en el pleno ordinario de febrero. Su marcha supone un notable cambio en la estrategia del gobierno local. La edil y sus compañeros aseguraban que Soto dimitiría justo antes de la celebración de la vista oral, dentro de aproximadamente un año, y no con el auto de apertura de juicio, tal y como estipula el código que la dirección del partido cumple a rajatabla. La decisión del juez y ese código ético tumban a uno de los pilares del Ayuntamiento de la tercera ciudad de Galicia, sumido en constantes crisis desde hace dos años por distintas actuaciones judiciales contra sus miembros.

 Fuentes del gobierno local achacan la solución dada al caso —retirada de competencias y no renuncia voluntaria— a que, al suprimir la dedicación exclusiva, Soto podrá cobrar la prestación por desempleo. Si hubiese presentado su dimisión, perdería ese derecho. Aunque desde la dirección del PSdeG niegan presión alguna y atribuyen la salida a “una decisión tomada por ella misma”, ni la concejal ni el regidor pronunciaron la palabra dimisión. La agrupación local del partido tampoco está cómoda con la solución, pero evita escenificar ese malestar en público. “Me parece normal que Pilar Cancela [secretaria de Organización del PSdeG] o Besteiro anticiparan la decisión porque a nosotros solo nos quedaba ver cómo interpretar y cumplir el código ético”, matizó el alcalde, Agustín Fernández.

Soto era la concejal más poderosa de Ourense, ya que gestionaba áreas como Urbanismo, Infraestructuras, Contratación, Servicios Generales y Sistemas de Información. Además, mantiene una excelente relación con el exalcalde, el también socialista Francisco Rodríguez. Por el momento, con la campaña electoral a la vista, no está decidido ni quién asumirá todas esas competencias ni quién será su sustituto, que no tomará posesión, al menos, hasta marzo.

Durante la comparecencia, Soto denunció que “ni los juzgados ni el fiscal se inmutaron durante los 12 años [bajo mandato del PP] en que los promotores se llevaban el 10% municipal [la cuota de suelo que la ley les obliga a ceder al Ayuntamiento]”. La concejal cree que si se hubiesen mantenido “esas costumbres”, no habría sido procesada. Y por eso afirma que “ya se ha hecho la primera parte del trabajo sucio”, en referencia al grupo Democracia Ourensana (DO) y a un promotor inmobiliario al que relaciona con esta formación. “Estoy orgullosa de ser culpable de impedir a mucha gente seguir haciendo eso”, proclamó. En sus explicaciones reclamó la celebración del juicio antes de las elecciones para “reparar el grave daño político que causa este auto”.

Desde la oposición, el PP reclama la dimisión del alcalde porque “puso la mano en el fuego por ella e incluso dijo que se tiraría al infierno”. DO considera que los ediles socialistas “son vulgares títeres de su partido porque votaron en contra de esta destitución en un pleno el pasado viernes”. El abogado de la acusación particular, Antonio Feijóo, insiste: “Soto privatizó suelo público, regaló un parking y unos locales por los que la promotora percibió, como mínimo, ocho millones al mismo tiempo que perjudicó gravemente intereses de mi cliente". El juez acusa a la edil de legalizar un aparcamiento ilegal a la promotora Hermanos Carrajo, levantado en subsuelo público, “defendiendo a capa y espada la titularidad privada”, y de pagar a una vecina una indemnización de 358.000 euros “absolutamente desproporcionada”. El fiscal pide 10 años de inhabilitación para la concejal.