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El PP tiene medio centenar de imputados en cargos municipales

Once alcaldes sortean la línea roja que Alberto Fabra aplicó en las Cortes

Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo, cuando acudió a declarar como imputada.
Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo, cuando acudió a declarar como imputada.

La salida de los dos últimos imputados que resistían en las Cortes Valencianas le valió al presidente autonómico, Alberto Fabra, para sacar pecho por limpiar el Parlamento de diputados involucrados en causas de corrupción. El partido ha llegado a tener en el hemiciclo a 10 de sus miembros bajo acusación. “Tenía el compromiso de no tener imputados y no ha sido nada fácil”, dijo Fabra. La línea roja que ha aplicado en las Cortes se desdibuja cuando se desciende al ámbito municipal. Once alcaldes del PP permanecen como cargo público pese a estar imputados en diferentes causas, no todas por delitos relacionados con la corrupción. Otros 40 concejales conservan sus puestos bajo la misma condición al verse envueltos en alguna causa o por haber avalado con su votación en pleno decisiones del partido que ahora investigan los jueces.

El PP se ha deshecho en Alicante de Sonia Castedo, que ha dimitido por sus imputaciones en los casos de corrupción urbanística Brugal y Rabassa. Otro gran caso, el de Emarsa, forzó en su día la dimisión del que fuera alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo. En Castellón, el alcalde Alfonso Bataller respira tranquilo tras archivarse su imputación en Gürtel. No está inculpado pero no puede descartarse que vuelva a estarlo Alfonso Grau, el vicealcalde de Valencia, por el caso Nóos, después de que el juez José Castro haya admitido a trámite el recurso de los socialistas reclamando su imputación.

En Alicante, el foco de la Justicia apunta al actual alcalde interino, Andrés Llorens, procesado en un juicio por la concesión de unas obras después de estar acabadas. El fiscal jefe pide tres años de prisión y nueve de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación. El edil de Hacienda, Juan Seva, está a la espera de sentencia por la ruina del club de baloncesto Lucentum, del que el Ayuntamiento es socio mayoritario.

En Novelda continúa al frente de la alcaldía la popular Milagrosa Martínez, apartada de las Cortes, y para la que la fiscalía solicita 11 años de cárcel por su implicación en una de las piezas del caso Gürtel. Martínez llegó a ser consejera y presidenta del parlamento valenciano.

El PP se deshace en Alicante de Sonia Castedo por Brugal y Rabassa

El caso Brugal ha sido el detonante de múltiples causas que se han esparcido por toda la provincia alicantina. En Orihuela, los dos últimos alcaldes del PP, José Manuel Medina y Mónica Lorente, están imputados por supuestas irregularidades en la adjudicación de la contrata de residuos. Esta última mantiene su puesto de diputada provincial y concejal en el Consistorio. Lorente se enfrenta a tres casos, dos de ellos del Brugal. La mitad de la bancada municipal del PP de Orihuela está imputada en alguna causa (seis de 12). La edil se niega a dimitir y su desafío a las líneas rojas de Fabra fue avalado por la alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa, que defendió que la imputación no era motivo suficiente para ser excluido de las listas.

El negocio de la basura ha acabado también en Torrevieja con encausados. El concejal de Urbanismo, Francisco Moreno Suárez, está pendiente de la apertura de juicio oral por permitir el uso de la planta de transferencias de basuras sin licencia. Otros dos ediles están en el ojo del huracán por el abuso de los teléfonos móviles municipales. Están imputados además el alcalde y el equipo de gobierno por presunto delito electoral. En La Nucía, el alcalde y todo su equipo están inculpados por pagar sueldos a quienes aprobaron una oposición anulada por el Tribunal de Justicia.

Versiones de la línea roja

Alberto Fabra.No quiere imputados por corrupción en las instituciones ni en las listas electorales de 2015.

José Ciscar. Pide que los candidatos firmen un compromiso de dimisión si son encausados por corrupción.

Alfonso Rus. Es el más crítico con la línea roja. Cree que la imputación no debería ser causa de dimisión.

La provincia de Valencia cuenta, por su parte, con otros dos alcaldes imputados: el de Cullera, Ernesto Sanjuán (por autorizar el castillo de fuegos artificiales que desató un incendio) y la de Paterna, Elena Martínez (por irregularidades en la promoción de la Zona Franca), informa Ignacio Zafra.

En Castellón aparecen encausados cinco alcaldes. Francisco Martínez, regidor de la Vall d’Alba, es investigado por delitos relacionados con la corrupción tras descubrirse que, como diputado provincial, proyectó una depuradora en Borriol sobre terrenos familiares por los que iba a recibir 51.000 euros. Martínez fue destituido de forma fulminante como número dos de la Diputación en base a la doctrina Moliner (no habrá imputados por delitos de corrupción en los que se sospeche que pudo haber enriquecimiento personal en uso de su cargo), y tuvo que abandonar la institución provincial tras ser imputado, pero sigue de alcalde.

El último regidor encausado es Rafael Calvo, de Segorbe

El alcalde de La Vall d’Uixó, Óscar Clavell, es objeto de una querella de la fiscalía por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude. Ejercía de alcalde accidental cuando autorizó el pago 706.789 euros a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y basuras a pesar de que los informes técnicos eran contrarios.

La alcaldesa de Benicàssim y diputada provincial, Susana Marqués, está imputada (junto a sus ocho ediles) por presunta prevaricación al pagar con fondos públicos la deuda de una sociedad de capital mixto. El regidor de Nules, Mario García, y el delegado de Urbanismo, tienen una causa abierta por presunta prevaricación al permitir edificaciones irregulares en una zona de protección especial.

El último alcalde que se suma a la lista es Rafael Calvo, regidor de Segorbe y tesorero del PP valenciano. Calvo acudió a declarar en diciembre por un presunto delito de prevaricación administrativa o desobediencia a la autoridad judicial por la aprobación de una ordenanza taurina que otorgaba los cadafales sin licitación previa. Junto a él está imputado el equipo de gobierno, entre ellos, Miguel Barrachina, vicepresidente provincial y secretario general del PP en Castellón.

Los barones provinciales de Alicante y Castellón, José Ciscar y Javier Moliner, ya han anunciado que apartarán a los imputados. El de Valencia, Alfonso Rus, ha manifestado en varias ocasiones que la imputación no es motivo de dimisión.

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