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ANTONIO VERCHER | Fiscal Coordinador de Medio Ambiente

“La burbuja inmobiliaria fue un planteamiento erróneo”

“Llevamos más casos de corrupción que la fiscalía Anticorrupción”, afirma Antonio Vercher, fiscal de Medio Ambiente

El fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Supremo, Antonio Vercher.
El fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Supremo, Antonio Vercher.

Antonio Vercher, nacido en Tavernes de la Valldigna en 1954 y formado en las universidades de Valencia, Harvard y Cambridge es fiscal de sala del Tribunal Supremo y coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo desde la creación de esta figura en el año 2006. Miembro de la Unión Progresista de Fiscales, fue invitado esta semana por la Asociación Valenciana de Juristas Demócratas a dar una conferencia sobre delincuencia urbanística.

Pregunta. Visto con perspectiva, ¿qué supuso la burbuja inmobiliaria para el medio ambiente?

Respuesta. Fue un planteamiento económico absolutamente erróneo. De pronto nos dimos cuenta de que el Producto Interior Bruto de España estaba básicamente centrado en la construcción. Supuso extralimitaciones de todo tipo. Como la economía giraba en torno a la construcción y el turismo, daba la sensación de que no tenía que haber control, y que todo lo que se hiciera en ese contexto era positivo porque formaba parte del desarrollo del país, del bienestar. Ahí erramos. Y, de hecho, si la fiscalía [de Medio Ambiente y Urbanismo] existe en parte importante se debe a la burbuja inmobiliaria.

P. ¿Cree que hubo un detonante concreto para ello?

La crisis no ha venido mal, nos ha hecho replantear muchas cosas

R. La operación Malaya [sobre el urbanismo en Marbella] y la operación Ballena Blanca [sobre el blanqueo en la misma ciudad malagueña], donde se observa que hay lavado de dinero a través de construcciones ilegales, influyeron en que las autoridades, con la aquiescencia de los partidos políticos de la oposición, decidieran crear la fiscalía en 2006.

P. ¿La crisis ha beneficiado al medio ambiente, al rebajar la presión sobre el territorio, o ha sido perjudicial, al pasar a un segundo plano frente a los problemas económicos?

R. Intento ser siempre positivo, y tengo la impresión de que la crisis no ha venido mal porque, en general, ha servido como una toma de conciencia en muchísimos ámbitos. Nos ha obligado a repensar, a meditar, a analizar y a tomar decisiones en relación con aspectos que vivíamos desde una perspectiva excesivamente tranquila. Después de verle los dientes al lobo hemos tenido que replantearnos muchos temas, entre ellos el ambiental.

P. ¿Cuántas condenas se han producido por lo que se dio en llamar en la época del boom el urbanismo salvaje?

R. El año pasado se dictaron 882 sentencias condenatorias y, a su vez, 298 absolutorias. Redondeando, 900 condenatorias y 300 absolutorias de un total de 1.200 resoluciones judiciales. Una proporción que se viene manteniendo básicamente desde 2006.

P. ¿Cuántas urbanizaciones ilegales se han derribado?

R. El año pasado fue el primero en el que pedimos a los fiscales que nos dijeran el número de demoliciones de las que tenían noticia. Muchos fiscales comentaron que este aspecto no lo han controlado, pero que iban a empezar a hacerlo. Aun así, el año pasado logramos controlar 86 demoliciones de edificaciones ilegales. Yo calculo a ojo de buen cubero que se debieron demoler unos 150 edificios y urbanizaciones ilegales el año pasado.

P. ¿Hablamos de edificios individuales o de urbanizaciones más amplias?

P. Hablamos de todo.

P. En la Comunidad Valenciana se han destapado grandes casos de corrupción en los últimos años y, sin embargo, hay muy pocos, quizá solo Brugal, centrados en el urbanismo y el medio ambiente, pese al gran desarrollo inmobiliario en el territorio. ¿A qué cree que se debe?

R. Hay dos normas penales en materia de urbanismo. Una es la de ordenación del territorio, urbanismo propiamente dicho. La otra es la prevaricación, que en sí misma es corrupción, se lea como se quiera leer. A veces es solo prevaricación, y otras va acompañada de cohecho, malversación… Una de las últimas sentencias del Tribunal Supremo, de octubre de 2014, confirma una condena de la Audiencia de Valladolid contra el alcalde de un municipio (Arroyo de la Encomienda), el arquitecto municipal y un empresario por prevaricación y cohecho. Clarísimamente un caso de corrupción.

P. ¿Cómo se reparten el trabajo con Anticorrupción?

R. Nosotros llevamos muchos más casos de corrupción que la Fiscalía Anticorrupción. Éste solamente interviene cuando hay una trama organizada, una alta autoridad y, además, cuando es alguno de los delitos considerados como de corrupción. Si falla alguno de estos tres elementos, que en la práctica no es fácil que se den juntos, viene a la Fiscalía de Medio Ambiente. Si, por ejemplo, afecta a un director general pero no hay trama, es de la Fiscalía de Medio Ambiente.

P. Pero en la Comunidad Valenciana, aunque tuviera que llevarla la Fiscalía Anticorrupción, hay pocas causas grandes ligadas a ese urbanismo desaforado.

R. Es que tramas hay pocas.

P. En 1988 lamentaba que en la Audiencia Provincial de Valencia, donde usted trabajaba, solo se estaba tramitando un caso por delitos relacionados con el medio ambiente. ¿Cuántas se tramitan ahora?

R. El año pasado se formularon 1.196 escritos de acusación en esta fiscalía a nivel de toda España. De ellos, en Valencia hay muchos y se está consiguiendo una cantidad importante de sentencias condenatorias.